El aparentemente interminable culebrón en que se ha convertido el conocido como “proceso de transición nacional” de Cataluña no deja de dar sorpresas. Nos las da a diario. En ocasiones, casi a cada hora. Es ya poca cosa más que un sainete. Más allá de supuestos legitimismos, personalismos o simbolismos, ahora hemos comprobado que la prolongada negociación que durante los últimos dos meses entre las dos principales organizaciones independentistas, Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se ha centrado de forma muy especial en cuál de estas organizaciones se quedará, a partir de ahora, con el control político y económico de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Esto es, hablando claro, quién mandará en TV3 y en Catalunya Ràdio, así como en el conjunto del poder comunicacional dependiente de la Generalitat, por ejemplo en el control de las subvenciones públicas a los medios de comunicación privados -prensa de papel y digital, radios y televisiones-, en el control de las inserciones publicitarias dichos medios y también en el control de las concesiones de licencias de emisoras de radio y televisión privadas catalanas. 

Vergonzoso y vergonzante, pero muy cierto. Desde que se conocieron ya los resultados de las elecciones autonómicas del pasado día 21 de diciembre, es decir durante más de dos largos meses, los negociadores de JxCat y ERC, con o sin el beneplácito de las diputadas de las CUP y los representantes de las dos grandes entidades secesionistas -la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural-, han estado mareando constantemente la perdiz, aparentando que sus discrepancias eran otras pero peleándose de forma soterrada sobre cuál de  ellas se quedaría por fin con el control político y económico de lo que debería ser el servicio público de radio y televisión de Cataluña.

Poco o nada queda ahora de aquel tan ampliamente ansiado servicio público nacional de radio y televisión de Cataluña

La cosa viene de largo. De 1984, en concreto. Habían pasado solo unos pocos meses desde el inicio de las emisiones públicas de TV3 y Catalunya Ràdio, Jordi Pujol consiguió por vez primera la mayoría absoluta parlamentaria para CiU y se inició entonces la apropiación patrimonial, partidista y sectaria de las emisoras de radio y televisión de la Generalitat, el uso propagandista abusivo de estos medios y su instrumentalización económica. Lo entonces iniciado -que yo viví en primera línea, entre junio de 1983 y diciembre de 1996, como consejero de la CCRTV, predecesora de la actual CCMA, con denuncias públicas reiteradas- cuajó: la CCMA es la única auténtica “estructura de Estado” creada por la Generalitat, ha contribuido de forma decisiva y constante a la creación de un nuevo imaginario colectivo catalanocéntrico y se ha convertido en el eje central y básico de un muy potente aparato de propaganda, en un principio al servicio exclusivo del nacionalismo convergente, y con posterioridad al servicio único del proceso secesionista.

Poco o nada queda ahora de aquel tan ampliamente ansiado servicio público nacional de radio y televisión de Cataluña. Viene ahora una nueva vuelta de tuerca, mientras unos y otros se reparten el pastel político y económico.