La sentencia del Tribunal Supremo es el clavo ardiendo al que se agarrarán estos días los dirigentes independentistas para promocionar la remontada tras el susto en la participación proporcionado por la manifestación del 11 de septiembre. Los presos y los huidos al extranjero denominados exiliados constituyen el único factor de comunión entre bases, partidos y entidades y también el único nexo que les acerca a los Comunes como quedó demostrado en la jornada de la Diada. A falta de un plan y programa para llegar a la independencia a corto plazo, la rutina de las convocatorias y la desunión de sus partidos amenaza la fortaleza del movimiento, que a pesar de todo sigue siendo excepcional.
La manifestación de la ANC perdió asistencia, pero sobre todo perdió nervio y emoción, salvo en los pasajes dedicados a la cárcel y al exilio; las críticas dedicadas a los partidos y al propio gobierno Torra por su división e inoperancia no levantaron el ánimo, por esperadas y repetidas y porque los más disgustados por la desorientación oficialista ya se habían quedado en casa. En este sentido, la convocatoria confirmó el impasse en el que vive desde hace meses el independentismo, suficientemente fuerte para mantener la posición popular a la espera de unas elecciones que confirmen el peso específico de cada partido (y sus vías contradictorias de diálogo o confrontación) y manifiestamente débil para imponerse al resto de Cataluña o forzar la rendición del estado.
El hecho políticamente más remarcable de este 11 de septiembre es la actitud de los Comunes con la alcaldesa Ada Colau al frente. No participaron formalmente de la manifestación de la tarde por su carácter exclusivamente independentista, pero su sumaron al acto matutino convocado por Òmnium para exigir la absolución de los procesados por el Tribunal Supremo. Por la noche, la alcaldesa asistió al acto institucional de la Generalitat y las imágenes de TV3 subrayaron su soledad cuando los asistentes gritaban independencia. El resto de fuerzas parlamentarias denunciaron la apropiación soberanista de la celebración institucional de la Diada y no acudieron. El guion del espectáculo dio la razón a los ausentes: una asociación demagógica del exilio republicano de 1939 con la situación de huidos de la justicia de los actuales dirigentes independentistas residentes en el extranjero.
La absolución de los procesados y, en caso de ser condenados, la exigencia de un indulto o de una amnistía es el nuevo hilo conductor de la aproximación de los Comunes y el movimiento independentista. La lucha contra la judicialización, ahora reconvertida en una represión del estado comparable a la represión del franquismo contra la oposición democrática, según el discurso de muchos dirigentes de ERC, JxCat y los Comunes, es el escenario de los próximos meses, en las instituciones y en la calle.
Los Comunes conectan con esta línea argumental porque se puede ampliar a la denuncia del régimen del 78, supuestamente un simple maquillaje del franquismo siempre presente en el malvado bipartidismo y porque les permite mantener su posición crítica equidistante: negando el unilateralismo independentista y denunciando sus excesos y a la vez, exigiendo a los socialistas el abandono de la denominada vía represiva de raíces franquistas para consolidar el diálogo.
Esta estrategia se intuye conflictiva, en tanto existe la posibilidad de una deriva de violencia en la reacción contra la sentencia, como quedó patente en la misma noche de la Diada en los incidentes registrados frente al Parlament, o de una desobediencia institucional del gobierno Torra que comprometería la posición institucional de la alcaldesa. Y porque no es difícil pronosticar que el PSOE y el PSC difícilmente discutirán una sentencia judicial y menos todavía una del Tribunal Supremo, ni tomarán medidas políticas paliativas sobre las consecuencias de dicha sentencia a corto plazo, salvo las que puedan exigir de inmediato una desobediencia institucional del gobierno catalán.
La última frontera de la colaboración del independentismo con el soberanismo no independentista es la del supuesto 80% de los catalanes que apoyan el derecho a la autodeterminación, también conocido como derecho a decidir, o sea, el referéndum. Esta cifra mágica apuntala la reivindicación ante el gobierno central de una negociación que culmine con un referéndum.
Los sondeos registran desde hace tiempo este porcentaje de partidarios de votar una salida política al conflicto, sin determinar si las urnas deben corresponder a un referéndum de independencia (unilateral, pactado o legal), a un referéndum de un nuevo estatuto o a una reforma federal de la Constitución. La confusión sobre estas variaciones significativamente diferentes y contradictorias permite al independentismo hablar del 80% de los catalanes favorables al ejercicio del derecho a la autodeterminación.
La inexistencia de oferta concreta por parte del gobierno central, más allá del diálogo autonómico, dificulta el debate sobre la posibilidad de salidas alternativas al conflicto. Resulta paradójico que cuento más fuerte es la reclamación de la autodeterminación, más invisible se ha tornado el proyecto federalista del PSOE y ha desparecido del discurso del gobierno de Pedro Sánchez la reforma constitucional para ampliar la gama de posibles soluciones.
