ERC y PSC cerraron finalmente su acuerdo presupuestario para 2023 y en Cataluña sigue la vida con normalidad, aunque en el sector del independentismo despechado se inició inmediatamente el rasgado de vestiduras. Junts incluso ofreció a ultimísima hora un acuerdo de estabilidad institucional a sus ex socios de gobierno a cambio de que los republicanos se alejaran de los socialistas. No hay pacto de legislatura entre Pere Aragonés y Salvador Illa como se han encargado de precisar los dos protagonistas, pero ambos han asestado un golpe de efecto a la política de bloques imperante desde hace años en el Parlament.

No hay que hacerse demasiadas ilusiones, más pronto que tarde algún dirigente de ERC, tal vez el especialista Oriol Junqueras, gesticulará con los mantras de siempre para no perder más votos de los imprescindibles por haber salvado el presupuesto gracias al PSC. Y a los votos de Catalunya en Comú, la formación de Ada Colau que, por una vez, puede ver plasmada la mayoría de izquierda en la cámara catalana. Y quién sabe si como presagio de lo que vaya a ocurrir en el Ayuntamiento de Barcelona, en el que las encuestas coinciden en predecir un retroceso de la alcaldesa y ERC y una victoria del candidato de Junts, Xavier Trias, con el socialista Jaume Collboni pisándole los talones.

El presidente Aragonés ha salvado los muebles políticos y probablemente la legislatura, además de un presupuesto expansionista que le vendrá muy bien al gobierno catalán para enfrentar las dificultades económicas anunciadas. Sin embargo, al presidente de la Generalitat le será difícil no reconocer que ha tenido que aceptar las condiciones del PSC. ERC se ha comprometido a firmar durante este trimestre un convenio con el Ministerio de Transportes para acelerar la construcción de la B-40 entre Sabadell y Terrassa; también a aprobar en este trimestre el plan urbanístico que debe acoger el complejo de ocio y juego del Hard Rock y a crear una comisión técnica para “transformar” el aeropuerto de El Prat, una vez identificado el sinónimo conveniente a la ampliación.

Los Comunes han tragado saliva ante estos proyectos que ellos abominan, situando la línea roja para mantener su apoyo a las cuentas al hecho de que no haya dotación económica en “estos” presupuestos para ninguna de estas obras. El estado administrativo de las mismas permite augurar que tal condicionante transitorio permitirá la foto buscada.

Salvador Illa ha cumplido sus declaraciones de alcanzar acuerdos concretos sobre sus exigencias en las grandes obras para dar luz verde a los presupuestos y ha conseguido la recuperación de la política de transversalidad con un pacto por la izquierda. Un éxito que le concede la centralidad política necesaria para convertirse en alternativa de gobierno; justamente por ello, pocos creen que una maniobra de esta trascendencia vaya a repetirse a menudo antes de las elecciones municipales, como mínimo. Ni a ERC ni al PSC les conviene prodigarse en precampaña municipal en acercamientos varios.

Técnicamente, republicanos y socialistas podrían considerarse socios políticos tras los pactos de los presupuestos generales del Estado y los de la Generalitat, sin embargo, ninguno de los dos partidos aceptaría esta premisa. Una circunstancia que, por supuesto, será aireada y criticada por Junts, la CUP y la ANC a destajo, coincidiendo en esto con el PP, Vox y Ciudadanos, sin ningún reparo.

Lo que Junts define como el entierro de la “mayoría del 52%” del Parlament, mayoría que solo existió como teoría pues este porcentaje sumaba los votos de la CUP (en la que desde el primer día rehusó participar) y los de los partidos independentistas que no obtuvieron representación parlamentaria, llega en un momento de notable tensión en el universo independentista. La crisis interna en la ANC por sus dudas sobre el impulso de la lista cívica para las próximas elecciones autonómicas se ha hecho pública tras el último secretariado. Algunos de los miembros fundadores han reclamado ya unas elecciones extraordinarias para renovar la asamblea.

En TV3, el ambiente se ha crispado tras la decisión de la dirección de despedir un colaborador del programa Zona Franca por asociar la militancia del PSC al nazismo, lo que conllevó la dimisión del director del programa en solidaridad con el humorista sancionado y a un alud de críticas de los sectores escandalizados por la supuesta falta de respeto a la libertad de expresión en la televisión pública. Coinciden estos sectores con aquellos que critican habitualmente la gestión de ERC en TV3, que cuenta con el apoyo de los miembros de la CCMA pertenecientes al PSC. El todos contra ERC se agudiza con el PSC como observador interesado.