El primer gobierno de Pere Aragonés ya forma parte de la convulsa historia del movimiento independentista. Junts ha roto amarras con ERC, se queda a la intemperie institucional y laboral y se consuela con el sándalo del autobombo por la democracia interna exhibida para resolver el conflicto con los republicanos. El presidente de la Generalitat apela a la estabilidad gubernamental exigible por las circunstancias económicas, coincidiendo así con Pedro Sánchez, y el PSC, la voz más esperada, se lo toma con filosofía y no tiene previsto posicionarse hasta el próximo lunes. Un gobierno de extrema debilidad parlamentaria apunta como salida preferida por ERC y ha comenzado ya una campaña de supuesta “ilegitimidad democrática” por parte de Junts contra el presidente Aragonés. El abismo entre independentistas se agranda.
La coincidencia general es que Carles Puigdemont, con Laura Borràs sobre el terreno, es el ganador de este divorcio, aunque cuesta imaginar en cómo se puede plasmar en la política catalana este éxito del expresidente domiciliado en Waterloo. Más allá, claro, de pretender convertir a Junts en el termómetro de la legitimidad en Cataluña. Si uno tiene el apoyo de Junts, es un presidente legítimo, si uno pierde la confianza de este partido (el tercer grupo del Parlament) ya pasa a engrosar la nómina de los ilegítimos. De momento, Aragonés ya es calificado como tal y es de prever que el nuevo presidente o presidenta del Parlament también lo sea, en beneficio de Puigdemont y Borràs que ostentaran tales cargos honoríficos en el imaginario de una parte del independentismo.
Junts ha tensado la cuerda dando por hecho que ERC no tiene alternativa para sumar mayorías en el Parlament de no ser con el PSC, con lo que representaría esta aproximación en el relato general del soberanismo que vive atado a un acuerdo preelectoral para aislar a los socialistas. El hecho de que Junts gobierne la Diputación de Barcelona con los socialistas no hace mella en este discurso para marginar al partido de Salvador Illa. El PSC sabe lo que hay en juego y no aspirando a una convocatoria electoral avanzada evitará cualquier iniciativa que enfrente a ERC a este dilema o que pueda volver a unir a los tres grupos independentistas como sería el caso de una moción de censura, que haría las delicias del PP.
La prudencia del PSC, revestida de momento con un silencio teatral, y la voluntad de ofrecer estabilidad al gobierno catalán expresada por ERC no es de fácil compaginar por las muchas ventajas e inconvenientes que los acuerdos de transversalidad implican en el dividido panorama político existente. Los únicos que han demostrado algún interés en colaborar con el gobierno Aragonés son los 8 diputados de los comunes, una cifra que no le sirve prácticamente para nada a ERC que con sus 33 diputados (41 con los de Catalunya en Comú) quedan muy lejos de la mayoría, quedando siempre en manos del PSC o de Junts. La primera prueba de fuego será la discusión presupuestaria. Los socialistas demostrarán predisposición a votarlos, siempre que no sea para seguir inflando el globo del Procés; y Junts, que ya se ha declarado oposición firme a ERC, lo tiene más crudo, a menos que Aragonés presente el proyecto elaborado por el exconseller Giró antes de abandonar el cargo.
A pesar de la voluntad de estabilidad manifestada por el presidente de la Generalitat, ERC está condenada a navegar durante los próximos meses en un mar revuelto en el que su principal enemigo será Junts. Para sobrevivir y evitar un adelanto electoral de impacto imprevisible para los republicanos, tiene la opción de practicar la transversalidad, asumiendo el apoyo público de PSC y de Catalunya en Comú, una fórmula tripartita de pésimo recuerdo entre los republicanos. La ecuación para ERC no es ningún misterio: cuanto más necesite a los socialistas catalanes menos podrá presionar al Pedro Sánchez en el Congreso y más argumentos dará a Junts (y a la ANC) para señalarlos como colaboracionistas del Estado, una carta electoral pésima para ERC.
