Las Cortes de Castilla y León se encuentran en el foco de la polémica. Además de estar recibiendo múltiples críticas y denuncias de la oposición, se enfrentan a una compleja situación por el relevo de su letrado mayor, y se verán en la obligación de cumplir varias condenas judiciales en firme de parte del Tribunal Superior de Justicia de la región. La dimisión del letrado mayor de Las Cortes, Marcos Herrero Martínez-Tutor, tras ser denunciado por acoso laboral y tener cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia en su contra, ha abierto una llaga en la institución. Por otro lado, pesan otras acusaciones desde la oposición, más relacionadas con la política y no tanto con lo orgánico, como que "las iniciativas para controlar al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, están siendo constantemente vetadas por la Mesa de las Cortes".

El más reciente episodio de polémica relacionado con este último caso se ha dado cuando los socialistas castellanoleoneses han denunciado un reciente desplante en la Comisión de Educación de las Cortes, de la que el diputado Jesús Guerrero ha sido expulsado por denunciar la estrategia del PP para evitar las sesiones de control a Mañueco valiéndose de la mayoría parlamentaria y del control de la Mesa.

Guerrero acusaba al presidente de la Comisión de "utilizar el Parlamento para hacer masajes a la Junta de Castilla y León "y denunciaba que el PP "sigue una estrategia para evitar que se controle a Mañueco".

Unos comentarios que sentaban muy mal al presidente de la Comisión, que aseguraba que "no toleraría ese tono faltón". "Aquí vienen los directores generales a comparecer, no como en las cámaras que ustedes manejan a las que nunca va nadie. No como en el Senado, que el presidente del Gobierno lleva más de un año y medio sin aparecer por allí", señalaba el presidente, antes de expulsar al diputado socialista.

La dimisión de Martínez-Tutor abre la veda de su relevo

Volviendo a la dimisión de Martínez-Tutor, sobre las Cortes pesa una ristra de sentencias condenatorias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla que obligan a la mesa presidida por Carlos Pollán (Vox) a ejecutarlas todas con urgencia. Una de ellas impone la obligación de la Mesa a restituir en su puesto a la funcionaria que denunció por acoso al letrado mayor de la Cámara, que dimitió tras este caso. El TSJCyL da la razón a la funcionaria y declara nula la convocatoria y adjudicación de la Jefatura del Servicio de Gestión Administrativa a un técnico de la escala de ingeniería, en detrimento de la anterior jefa de Servicio. 

El ya ex letrado mayor será sustituido por Edmundo Matía, lo que provoca una situación que también ha levantado ampollas. Por una parte, a Matía se le había sondeado para homenajearle en Las Cortes por su jubilación, que se encuentra próxima. Es el más veterano de los letrados disponibles, por lo que le corresponde ocuparse del cargo por herencia hasta que cuelgue los hábitos, previsiblemente en junio.

Es aquí cuando entra el segundo escollo del caso: hay sobre la mesa una propuesta para ampliar la edad de jubilación a los 72 años, algo con lo que Matía estaría de acuerdo, pero sin que esté claro que quiera desempeñarse como letrado mayor y como secretario general, cargos habitualmente anexos. De ser así, habría que buscarle otro sustituto a Herrero-Tutor. Siguen los problemas: el anterior ocupante del puesto de letrado mayor, Carlos Ortega, renunció en 2022 para irse al Tribunal Constitucional. Ahora mismo, además de Edmundo Matía y Marcos Herrero, el cuerpo de letrados de las Cortes incluye a tres personas más: Laura Seseña, Patricia Jiménez-Asenjo y Diego Molpeceres. La plantilla de letrados es tan corta porque el proceso de entrada es muy complejo.

Herrero, por su parte, fue fuertemente criticado por diferentes grupos políticos por su historial judicial. "Tener cuatro procedimientos judiciales y perder los cuatro es un problema y es grave. Incumplir una sentencia es intolerable", resumió Pablo Fernández, de Unidas Podemos. "A lo mejor el secretario general debe recapacitar sobre si cuatro sentencias en contra de decisiones tomadas por él son buenas para la imagen de las Cortes de Castilla y León", añadió David Hierro, de Vox. "Ha vulnerado el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de una funcionaria de estas Cortes. Lo dice el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un auto de noviembre. El mismo TSJ que en el último auto lo remite al Juzgado de lo Penal", expresó el independiente Francisco Igea, mientras que el PSOE agregó que habían solicitado que "pagase las costas quien provocó este trastorno laboral".

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