Este 12 de octubre finaliza el periodo de peligro alto de incendios forestales en Castilla y León, la comunidad más afectada por el fuego durante el verano de 2022 en el país, que salva el estío de 2023 con sólo 755 hectáreas de superficie arbolada quemadas y 3.345 de superficie forestal total frente a las 100.000 que arrasó el pasado año, lo que supone un 97% menos de superficie afectada.
Según los datos oficiales de la Consejería de Medio Ambiente, que declara a partir de este jueves el nivel de peligro medio por la presencia del anticiclón sobre la península que sigue planteando “un serio riesgo”, la mejora de las estadísticas es evidente: hasta el 10 de octubre, el número de incendios es un 33 % menor que la media de los últimos 10 años, aunque el número de conatos es un 14 % mayor. Los datos de superficies afectadas, en todo caso, son considerablemente inferiores a la media de la última década.
La declaración de peligro medio implica que, según asegura la Consejería, a pesar de haber finalizado la campaña de incendios, mientras duren las condiciones meteorológicas actuales, se mantendrá un importante despliegue de medios que permita prevenir y controlar cualquier posible conato, con personal de guardia, agentes medioambientales y técnicos especializados en extinción, así como medios aéreos, autobombas y cuadrillas nocturnas.
Los bomberos siguen en lucha
El fin de la campaña coincide con la publicación del cierre de la encuesta de operatividad INFOCAL 2023, un informe técnico de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León en base a entrevistas a los profesionales que forman parte del operativo, al que ha tenido acceso ElPlural.com, y que denuncia escaso avance en las reivindicaciones en condiciones laborales de los profesionales de incendios en la comunidad autónoma, así como en la disponibilidad del operativo al inicio de la campaña de este año, debido a importantes retrasos en las contrataciones.
En el informe se lamenta la “falta de transparencia” de las numerosas empresas a las que el Gobierno de Castilla y León subcontrata parte del personal: cuadrillas terrestres, retenes de maquinaria y cuadrillas helitransportadas, que dependen de más de una docena de proveedores distintos, entre los que cita Tragsa, DeMontes, Clece, Acciona o Eulen, así como “gran variedad de autobombas conveniadas sobre las que”, señala, “la Junta de Castilla y León no tiene capacidad de control”.
En lo que se refiere al personal laboral de los medios gestionados directamente por la Consejería de Medio Ambiente, el informe señala que la convocatoria pública para la constitución de las bolsas de empleo temporal no llegó hasta febrero y los ejercicios prácticos no finalizaron hasta el 3 de mayo, y fue precisamente Zamora, la provincia asolada en 2022, la última en la que se celebraron, coincidiendo ya con época de peligro medio de incendios y avisos de riesgo alto de la Agencia Estatal de Meteorología.
Provincias sin gente en sus puestos
Según los datos de este informe, sólo Soria (el 3 de mayo), Segovia y Burgos (en junio) consiguieron constituir las bolsas de empleo antes del comienzo de la época de peligro alto, mientras que León, Valladolid, Palencia y Zamora no lo conseguirían hasta 50 días después que Soria, ya en plena campaña, y a pesar de que en febrero el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, se comprometió a tener al 100% la estructura prevista al inicio de la campaña.
En conclusión, la encuesta entre miembros del operativo de todas las provincias arroja un promedio de 36 días de retraso en la cobertura de los puestos desde que comienza la campaña de incendios, lo que se traduce, en su análisis, en un incumplimiento de compromisos por parte de Quiñones, y un total de cero días con el operativo al 100% en época de peligro alto.
Ahorro en sueldos y sin torres de vigilancia
El Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la comunidad estimó un presupuesto de más de 22 millones de euros para el operativo de 2023. Sin embargo, el informe calcula que la Consejería de Medio Ambiente se habrá ahorrado en gastos de personal cerca de 200.000 euros debido al retraso en las contrataciones y el hecho de que buena parte de los trabajadores se hayan incorporado a sus puestos ya iniciada la campaña.
El informe recuerda, además, que los últimos en incorporarse fueron los vigilantes, que son precisamente quienes desde sus torres detectan el humo y pueden evitar desastres mayores localizando su origen exacto. Esto refuerza las sospechas del colectivo de la intención de la Junta de Castilla y León de desmantelar la red de torres de vigilancia, sustituyendo a su personal por cámaras, lo que entienden un grave error, así como una “importante pérdida de eficacia” en la detección de incendios.
Continúan las carencias
Los bomberos forestales de Castilla y León mantienen al término de esta campaña de incendios buena parte de sus quejas del año anterior, entre ellas, la denuncia de falta de equipos de protección individual, inadaptación de estos a la persona usuaria y al desempeño de las funciones, así como ausencia de mantenimiento.
A pesar de la Ley 31/1995, cuyo artículo 17 establece que “el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el despeño de sus funciones”, los bomberos afirman que en 7 de las 9 provincias, numerosos profesionales alegan carecer de EPIs y de instrucciones para su correcta utilización.
Reiteran, además, otras carencias como la ausencia de formación, prácticas o simulacros o el mal estado de las pistas de acceso a las torres de vigilancia; mala cobertura por emisora; mal estado del material de vigilancia e identificación de incendios; puestos que no cumplen la normativa de seguridad y salud o sin aseos, sin luz y/o sin agua, así como descontrol en la gestión de horarios y calendarios.
