Castilla y León, junto con Asturias, Cantabria y Galicia, ha logrado paralizar la aprobación de la nueva Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las comunidades han conseguido que su debate y votación se retirase del orden del día de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha explicado a través de un comunicado que esta decisión llega después de que el pasado viernes las cuatro regiones que albergan más del 95% de las poblaciones de lobo en España solicitaran formalmente al presidente de la Comisión su retirada del orden del día, al considerar que el borrador de la estrategia “carecía del mínimo rigor técnico, imprescindible en un documento de tal calado”.
También denunciaban que muchos de sus contenidos parten de la premisa de un estatus legal de la especie que está actualmente en litigio, y también de que dichos contenidos “podrían vulnerar el régimen competencial autonómico”. Del mismo modo, recriminan que se constituyó sobre “una decisión unilateral” adoptada por el Ministerio “sin contar con el consenso de las comunidades autónomas que albergan la especie”.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado que ayer, día en que se celebró la Comisión, fue “un día aciago para el Ministerio y esperanzador para las comunidades que, desde distintas sensibilidades políticas, defendemos nuestro territorio y ganadería”. En la Comisión, “muchas comunidades se posicionaron de forma crítica con la forma en que se había hecho esa estrategia”, ha dicho también.
Pese a ello, Suárez-Quiñones no considera que el Ministerio “vaya a dar marcha atrás” en su objetivo de incluir al lobo en el Lespre, pero espera que la rectificación “la impongan los tribunales y un cambio de política”.
Las cuatro comunidades han asegurado que continuarán estableciendo en sus presupuestos el crédito necesario para habilitar las órdenes de ayudas destinadas a paliar y compensar los daños que provoca la fauna silvestre.
