El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha rechazado con rotundidad este jueves las acusaciones del Grupo Parlamentario Vox, que le ha acusado de haber realizado una “obra de ingeniería” para “tapar y maquillar” los datos relativos a los delitos cometidos por personas extranjeras en la Memoria de la Fiscalía correspondiente al ejercicio 2024.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes, Fernández ha recordado que la Memoria “es una fotografía de la Fiscalía y de los juzgados durante 2024” y ha exigido respeto a la independencia del Ministerio Público.

La intervención del diputado de Vox Iván Sánchez se ha centrado en cuestionar que el informe de la Fiscalía no detalle cuántos delitos son cometidos por personas extranjeras. En una exposición cargada de generalizaciones y sin aportar fuentes verificables, ha afirmado que los ciudadanos extranjeros “delinquen tres, cuatro o incluso cinco veces más que los nacionales”, llegando a insinuar que la Fiscalía habría alterado cifras para ocultar esa supuesta realidad.

Fernández ha respondido con firmeza: “Yo no maquillo los datos, no tengo por qué hacerlo. Yo no cambio nada”, ha dicho visiblemente molesto, añadiendo que como fiscal y como persona le “ofende” esa insinuación. Ha explicado que la Memoria sigue las directrices de la Fiscalía General del Estado, que determina la estructura y contenido del documento. “Si los hurtos son 5.247, ahí se pone 5.247. No tengo que sumar, restar ni dividir. Solo hago una valoración, pero no cambio palitos”, ha subrayado.

La nacionalidad, jurídicamente irrelevante

El fiscal superior ha insistido en que la nacionalidad de los autores de delitos es jurídicamente irrelevante para el trabajo del Ministerio Fiscal. Según ha explicado, la Memoria no desglosa si los delitos son cometidos por nacionales o extranjeros porque “es indiferente desde el punto de vista penal”. En sus palabras, la labor de la Fiscalía es analizar la evolución de la criminalidad, no construir discursos políticos sobre el origen de los acusados.

Fernández ha recordado, además, que no existe ningún apartado en la Memoria que requiera especificar si los delitos han sido cometidos por personas “regulares o irregulares” o si, dentro de los nacionales, son españoles de nacimiento o nacionalizados. “No se pide que se diga si son asturianos, gallegos o de donde sean. Eso no tiene sentido”, ha señalado, desmontando así el argumento de Vox de que se ha ocultado información.

El fiscal ha admitido que en algunos tipos delictivos puede haber una mayor proporción de personas extranjeras, como en los delitos de conducción sin permiso, conducción bajo los efectos del alcohol o violencia de género, pero ha precisado que esa tendencia no es generalizable ni significa una relación directa entre inmigración y delincuencia. 

Sánchez, en su intervención, también ha aprovechado para cargar contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aludiendo al juicio que enfrentará en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Una referencia que Fernández ha considerado inapropiada, recordando que rige el principio constitucional de presunción de inocencia. “Yo no sé el resultado de ese procedimiento, pero nada de eso afecta a mi trabajo ni al de los fiscales de Castilla-La Mancha. Yo trabajo igual”, ha zanjado.

Frente a la crispación que intentó introducir Vox, el fiscal superior ha agradecido las intervenciones de los grupos PSOE y PP, que mantuvieron un tono institucional. En cambio, la intervención de la extrema derecha volvió a colocar su discurso en el terreno del miedo y la desconfianza hacia la inmigración, utilizando datos imprecisos y acusaciones infundadas para sembrar sospechas sobre la labor de un órgano judicial independiente.

Vox busca convertir la inmigración en un arma política

La intervención de Iván Sánchez ha vuelto a evidenciar la estrategia de Vox en Castilla-La Mancha, que no es otra que la de señalar a la población extranjera como chivo expiatorio de los problemas de seguridad y cuestionar a las instituciones que no respaldan su narrativa.

En esta ocasión, el intento de desacreditar a la Fiscalía no ha encontrado respaldo ni en los datos ni en el resto de los grupos parlamentarios. El fiscal superior, con datos en la mano, ha desmontado una vez más la retórica alarmista de la extrema derecha, que busca erosionar la confianza en el sistema judicial y alimentar prejuicios sociales.