Cinco días han pasado desde que estalló el escándalo judicial que apunta directamente al núcleo político de Paco Núñez, y el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha sigue sin ofrecer una sola explicación pública. Ni convocatorias a medios, ni comparecencias, ni ruedas de prensa. Tan solo alguna nota remitida desde su equipo y una agenda cuidadosamente diseñada para evitar preguntas incómodas.
El pasado domingo trascendió que el Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete ha decretado la apertura de juicio oral contra Tania Andicoberry, diputada regional del PP y secretaria segunda de la Mesa de las Cortes, y Constantino Berruga, exvicepresidente de la Diputación de Albacete bajo el mandato del propio Núñez. Ambos están acusados de presunta estafa, falsedad documental y prevaricación administrativa por la gestión irregular de bienes patrimoniales vinculados a una millonaria herencia incumplida, la de Purificación Urrea.
Pese a la gravedad de las imputaciones y la repercusión pública del caso, Núñez ha optado por esconderse. Desde el domingo, el líder popular ha restringido su actividad a visitas sin presencia de medios, cuidadosamente planificadas para no tener que rendir cuentas. El mutismo no solo ha sido absoluto, sino también deliberado.
Ni explicaciones ni aplicación de los estatutos del PP
A este silencio calculado se suma un incumplimiento flagrante de los estatutos del Partido Popular, reformados este mismo mes y muy claros respecto a situaciones judiciales como la que afecta a los dos cargos populares.
Tal y como recoge el artículo 19.7.b del reglamento interno del PP, "la suspensión provisional de afiliación será acordada de manera automática cuando un afiliado esté inmerso en un proceso penal con auto de apertura de juicio oral". Sin embargo, ni Tania Andicoberry ni Constantino Berruga han sido suspendidos de militancia, y desde la dirección regional no se ha movido un solo dedo para aplicar el precepto.
Una imagen en la que se confrontan dos realidades. Por un lado, un PP que sobre el papel endurece sus normas internas para combatir la corrupción; por otro, una dirección regional que decide mirar hacia otro lado cuando el caso afecta a su núcleo más próximo. En lugar de actuar con contundencia, se protege a los propios.
Silencio ante una causa que salpica directamente a Núñez
La causa penal salpica directamente a la gestión de Paco Núñez en la Diputación de Albacete, que la presidió entre 2011 y 2015. Tanto Berruga como Andicoberry eran miembros de su equipo de máxima confianza. La diputada, además, ha sido y sigue siendo voz habitual del PP regional durante toda la etapa de Núñez como líder de la oposición en Castilla-La Mancha.
La apertura de juicio oral implica para ambos la posibilidad de penas de hasta diez años de prisión y hasta quince de inhabilitación por haber arrendado, presuntamente de forma irregular, varios bienes vinculados al legado de Urrea desde la empresa pública ITAP, cuando esta ya estaba bajo litigio judicial.
En otras formaciones, ante una situación similar, se habría decretado la suspensión cautelar y se habrían exigido responsabilidades políticas de inmediato. Pero en el PP de Castilla-La Mancha, bajo el mando de Núñez, la estrategia es el silencio y la protección interna.
