La diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, y el que fuera vicepresidente de la Diputación de Albacete, Constantino Berruga, se sentarán en el banquillo por su presunta implicación en una trama de estafa, falsedad documental y prevaricación administrativa relacionada con la gestión irregular de una herencia millonaria. El caso salpica de lleno al entorno más próximo del actual presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien presidía la institución provincial cuando ocurrieron los hechos.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete ha dictado auto de apertura de juicio oral contra ambos dirigentes populares, a los que impone además una fianza de cinco millones de euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias. La resolución, firmada el 16 de junio de 2025, rechaza expresamente el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía y deja claro que existen indicios suficientes para celebrar juicio penal.

El caso hunde sus raíces en 1966, año en que falleció Purificación Urrea, una rica heredera albaceteña que dejó testado que su fortuna, valorada en más de 30 millones de euros, debía dedicarse a crear una fundación y un hospital para niños pobres y enfermos, bajo tutela de la Orden de San Juan de Dios Arcángel de Aragón. Sin embargo, ni la orden ni la Diputación de Albacete, que asumió los bienes en 1968, llegaron a cumplir su voluntad.

En 2011, tras una larga batalla legal iniciada por descendientes de Urrea, la Audiencia Provincial de Albacete anuló la condición de heredera de la Diputación. El proceso culminó en 2023 con una condena del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que obligó a la institución a devolver el patrimonio y pagar 14,5 millones de euros entre principal e intereses. Actualmente, la Fundación Urrea & Herederos gestiona parte de esos bienes.

Berruga y Andicoberry, en el foco del escándalo

La apertura de juicio se centra en las decisiones adoptadas en 2014, cuando el ITAP (Instituto Técnico Agronómico Provincial, S.A.U.), sociedad pública dependiente de la Diputación, decidió arrendar varios bienes del legado Urrea. Para entonces, Constantino Berruga era vicepresidente provincial y responsable del ITAP, mientras que Tania Andicoberry formaba parte del Consejo de Administración.

Los denunciantes consideran que se trató de un arrendamiento irregular, llevado a cabo mientras se conocía ya la batalla judicial abierta por el testamento. A Berruga se le imputan delitos de estafa, falsedad documental y prevaricación administrativa agravada, con penas solicitadas de hasta diez años de prisión y quince de inhabilitación. Actualmente, es concejal del PP en La Roda, además de formar parte del Grupo Popular en la Diputación de Albacete.

Por su parte, a Tania Andicoberry, entonces también secretaria general del PP en Almansa y colaboradora directa de Núñez en su etapa como alcalde del municipio y presidente de la Diputación albaceteña, se le imputan los mismos delitos, aunque con una tipificación menos grave en el caso de la prevaricación. La pena solicitada asciende a seis años y medio de prisión y doce de inhabilitación. Hoy en día es diputada autonómica y secretaria segunda de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Rechazo al archivo y advertencia de embargo

El juez ha desestimado el intento de la Fiscalía de archivar la causa, al considerar que sí existen indicios suficientes de criminalidad. Además, ha trasladado al Ministerio Fiscal un plazo de tres días para presentar nuevo escrito de acusación, aunque contra el auto no cabe recurso, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados.

En caso de no abonar la fianza de cinco millones de euros, se procederá al embargo de sus bienes, una medida que da muestra de la gravedad de las acusaciones.

Completa el listado de acusados el exsecretario de la Diputación, R.J., imputado como cooperador necesario por los mismos delitos. Para él se solicitan penas similares a las de Andicoberry.