El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a mostrar su rechazo a la financiación singular de Cataluña, acordada entre la Generalitat y el Gobierno central, y que supone privilegios por encima del resto de Comunidades Autónomas, según han explicado en reiteradas ocasiones.
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado en rueda de prensa que las principales novedades son una “mal llamada cuota de solidaridad”, mediante la cuál la Generalitat de Cataluña aportaría a la recaudación del Gobierno central una cantidad de dinero, y que a su vez encontraría dos problemas: que estaría limitada en el tiempo y supeditada al principio de ordinalidad.
La otra novedad que incluye el acuerdo con respecto al documento del año pasado es que esta financiación singular para Cataluña es extrapolable al resto de Comunidades Autónomas: “Es decir, en una reunión bilateral, se está definiendo el sistema de financiación para el resto de Comunidades Autónomas”, señala Ruiz Molina.
Para el consejero de Hacienda, se trata de un acuerdo mucho más ambiguo que el acordado el año pasado y asegura que “habría sido mucho más leal participar todas las Comunidades Autónomas”, al tiempo que lamentaba que él mismo tenga que conocer el documento por los medios de comunicación en lugar de por los canales oficiales: “No me gustan los platos precocinados, me gusta estar en los fogones”.
Con respecto a la posibilidad de que todas las Comunidades Autónomas se acojan al modelo de financiación singular, situación que es posible según recoge el acuerdo, Ruiz Molina precisaba que esto implicaría la desaparición del concepto de Estado: “Eliminamos el papel del Estado en la redistribución de la renta. Convertiríamos al Gobierno en otra Comunidad Autónoma”.
No se puede negociar la financiación con los independentistas que quieren romper España
Ruiz Molina se ha referido a las declaraciones de Junts, en las que asegura el consejero que la formación catalana ha rechazado el acuerdo ya que no quieren tener más privilegios, algo normal, si no más privilegios que los demás: “El acuerdo supone trocear la riqueza del país, que, en lugar de estar al servicio del interés general, lo estaría en unos pocos”.
En este sentido, ha anunciado que mandará una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que convoque de urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el organismo donde se debe debatir este tipo de acuerdos. Para el consejero castellanomanchego, es urgente que tenga lugar esa reunión y rechaza que se celebre tras el verano.
Ruiz Molina asegura estar confiado de que el acuerdo “no va a salir adelante porque ni siquiera cuenta con el apoyo de los independentistas”, y sobre la posibilidad de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, realice un “frente común” junto con el presidente asturiano, Adrián Barbón, y el presidente de la Junta de Andalucía y solicitante de este acuerdo, Juan Manuel Moreno Bonilla, el consejero ha rechazado de plano la idea de realizar un frente común contra el Gobierno de Pedro Sánchez: “No hay que hacer un frente común en contra del Gobierno, hay que discutir estos acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No me gusta el término ‘frente común’, me gusta incitar a que el gobierno convoque cuanto antes el Consejo”.
El consejero insistía en la necesidad de abordar un nuevo sistema de financiación autonómica y consideraba que el “cupo catalán” parte de la mentira de que Cataluña está infra financiada, cuando la realidad es que otras Comunidades Autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, sí que están siendo perjudicadas, y por ende, el nuevo acuerdo: “perjudica por narices a Castilla-La Mancha”.
Recurso ante el Tribunal Constitucional del reparto de menores migrantes
Ruiz Molina se ha felicitado de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso ante el reparto de menores migrantes, que cabe recordar, llegó sin negociar con las Comunidades Autónomas y sin financiación para poder acoger a estos menores. El Gobierno regional nunca se ha mostrado contrario a acoger a los menores, pero instaba al Gobierno central a que esas medidas vengan acompañadas de financiación.
Que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso implica que está bien planteado, aunque en el futuro se conocerá si finalmente los órganos judiciales otorgan la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha o no, precisaba Ruiz Molina.
