La defensa del agua como un derecho y no como una carga ha centrado el contundente diagnóstico del vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha denunciado el papel que vienen desempeñando las confederaciones hidrográficas, especialmente la del Guadiana, en la paralización de proyectos esenciales para el desarrollo rural y el sostenimiento de la agricultura. "El agua no puede convertirse en un castigo para esta tierra", ha advertido.

En una entrevista para Europa Press, Guijarro ha puesto el foco en lo que considera una gestión fallida y punitiva por parte de estos organismos, que lejos de resolver los problemas del medio rural, multiplican los obstáculos burocráticos e intensifican su función sancionadora. “Cada vez que hay recursos, se destinan a aumentar la vigilancia, no a resolver expedientes”, ha criticado, refiriéndose a miles de solicitudes de agricultores que llevan años esperando respuestas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

"Bucle inaceptable"

El vicepresidente ha tildado de "bucle inaceptable" la situación que se vive en muchas zonas de Castilla-La Mancha, donde se sanciona a agricultores por no tener derechos de agua, cuando es la propia confederación la que no tramita los cambios de titularidad o de uso que permitirían regularizar sus situaciones. En su opinión, el Ministerio debe actuar con urgencia para revertir este bloqueo institucional que estrangula al campo y alimenta el malestar en los pueblos.

A juicio del Gobierno regional, la falta de agilidad y sensibilidad institucional por parte de las confederaciones está deteriorando además la relación de las localidades con sus ríos. "No puede ser que los pueblos vivan de espaldas a los cauces que los atraviesan", ha lamentado Guijarro, denunciando que se les exige asumir tareas como la limpieza de cauces fluviales en pleno casco urbano sin contar con medios técnicos, humanos ni presupuestarios. “Madrid podrá mantener el Manzanares limpio, pero un pueblo de 300 habitantes no puede hacerse cargo de un cauce fluvial”, ha remarcado.

Pide una gestión hidráulica más cercana

El vicepresidente primero ha reivindicado una gestión hidráulica más cercana, eficiente y justa, que entienda que el agua es una herramienta de progreso, no un obstáculo ni una trampa administrativa. Castilla-La Mancha, ha subrayado, no puede seguir pagando las consecuencias de un modelo diseñado sin tener en cuenta ni la realidad territorial ni las necesidades del medio rural.

Frente a la pasividad del Estado, el Ejecutivo autonómico ha reclamado una reforma profunda del funcionamiento de las confederaciones hidrográficas para poner fin a lo que considera una deriva punitiva y centralista que pone en jaque el futuro del campo y el desarrollo de los pueblos. “Los ríos no son una condena. El agua no puede ser una barrera”, ha concluido Guijarro.

Financiación autonómica: un modelo injusto que asfixia a Castilla-La Mancha

Martínez Guijarro ha aprovechado también para lanzar un mensaje directo al Gobierno de España, reclamando que Castilla-La Mancha necesita un nuevo sistema de financiación autonómica, consensuado con todas las comunidades autónomas y ajustado al coste real de prestar los servicios públicos. A su juicio, la infrafinanciación que sufre la región —una de las cuatro más castigadas del país— está poniendo en riesgo incluso la sanidad, la educación o los servicios sociales en el medio plazo.

"No basta con decir que hay más recursos que hace siete años", ha advertido, subrayando que el coste de los servicios ha crecido también de forma exponencial. En ese contexto, ha urgido a abrir de forma paralela un debate serio sobre la condonación de deuda autonómica, ya que Castilla-La Mancha se ha visto obligada a endeudarse más que otras regiones para mantener la calidad de vida de su ciudadanía.

Ha recordado que el coste de atender a una persona en Molina de Aragón quintuplica el de hacerlo en Guadalajara, y que esta variable, junto al envejecimiento o la dispersión geográfica, debe formar parte de un sistema más justo y transparente. Además, ha lamentado que, pese a los intentos de cooperación entre regiones, Andalucía no haya contactado con Castilla-La Mancha para formar un frente común ante privilegios como el "cupo catalán".

Martínez Guijarro ha reivindicado el acuerdo multilateral firmado por nueve comunidades en Santiago de Compostela en 2021 como una base válida para construir un nuevo modelo de financiación. En él se defendía garantizar el coste efectivo de los servicios esenciales, sin privilegios territoriales ni concesiones bilaterales. "La financiación no puede ser una subasta política. No puede depender de con quién negocie cada comunidad", ha remarcado.