El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo ha condenado al Ayuntamiento de Almorox, gobernado por el Partido Popular, por vulnerar los derechos fundamentales del Grupo Municipal Socialista al facilitar información municipal de forma sesgada, incompleta y carente de utilidad para el ejercicio de su labor de control y fiscalización.
La sentencia dictamina que la actuación del Gobierno municipal, liderado por José Martínez Vera, vulneró el artículo 23 de la Constitución Española, que protege el derecho a la participación política y garantiza el ejercicio efectivo de las funciones representativas de los grupos en las corporaciones locales.
Así, la resolución judicial subraya que la documentación facilitada por el Ayuntamiento -relativa a fraccionamientos de pago y a la relación de deudores municipales- carecía de los datos esenciales necesarios para su análisis ya que se trataban de listados incompletos y anonimizados, lo que la hacía inservible a efectos de fiscalización. Por este motivo, el juzgado ha considerado probado que esta limitación no estuvo debidamente justificada y que no puede ampararse de forma genérica en la normativa de protección de datos para restringir derechos fundamentales de la oposición.
En este sentido, la sentencia recuerda que el acceso a la información por parte de los concejales y las concejalas tiene un carácter reforzado al tratarse de un instrumento imprescindible para el control de la acción de gobierno y el correcto funcionamiento democrático de las instituciones locales.
Obligación de facilitar la documentación completa
Como consecuencia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha condenado al Ayuntamiento de Almorox a facilitar íntegramente la documentación solicitada en los términos requeridos, así como al pago de las costas del procedimiento, fijadas en 500 euros.
Desde el PSOE de Almorox han señalado que esta resolución judicial supone “un respaldo claro a los derechos de la oposición”, a la vez que han recordado que “la transparencia y el acceso completo a la información municipal no son una opción política, sino una obligación legal y constitucional que debe respetarse en cualquier administración pública”.
