El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Toledo ha condenado al Ayuntamiento de Urda por impedir el acceso a información municipal necesaria al Grupo Municipal Socialista para ejercer sus funciones de fiscalización. La sentencia concluye que el gobierno del Partido Popular vulneró su derecho fundamental a la participación política al no entregar la documentación solicitada en el plazo legal y al mantener una actitud obstruccionista incluso después de que la petición quedara aprobada por silencio administrativo.
Según la resolución, la edil requirió el 30 de mayo de 2025 consultar los reparos emitidos durante la legislatura y sus decretos de levantamiento. El Ayuntamiento no respondió en el plazo legal de cinco días, lo que suponía que la petición quedaba aprobada por silencio administrativo. Sin embargo, pese a estar obligados a facilitar la documentación, no se la entregaron ni siquiera cuando la la oposición volvió a reclamarla el 6 de junio.
La sentencia subraya que esta falta de respuesta y la negativa a proporcionarle al Grupo Municipal Socialista la información “cercena” el derecho constitucional de la oposición a ejercer sus funciones de control. Además, el fallo recalca que, si el Ayuntamiento alegara después que la documentación no existía, tenía la obligación de comunicarlo formalmente, cosa que tampoco hizo.
Por ello, el Juzgado concluye que el consistorio vulneró el Artículo 23 de la Constitución Española y le condena a asumir las costas del procedimiento, limitadas a un máximo de 500 euros.
Práctica recurrente del PP
Este caso se suma a otros episodios en los que el PSOE de Urda ha alertado de la falta de transparencia del gobierno de Manuel Galán, también diputado provincial del Partido Popular. Los y las socialistas lamentan que acceder a documentación municipal básica se haya convertido en un proceso lleno de obstáculos, obligándoles incluso a acudir a los tribunales para defender derechos reconocidos por la ley.
Para el Partido Socialista de Urda, esta sentencia “demuestra que la democracia local exige respeto, transparencia y juego limpio. Negar información a la oposición no es un simple trámite incumplido: es limitar el derecho de la ciudadanía a saber cómo se gestionan los asuntos públicos. Gobernar no puede convertirse nunca en ocultar”.
