Ya se ha corregido el adjetivo aplicado a la España rural que no se ha despoblado sola como por arte de magia o de unas manos invisibles. Nuestros pueblos se han vaciado con el concurso de muchos actores que no han hecho nada por evitarlo y que han contribuido de manera activa a vaciarla, la han vaciado a conciencia.

Y cuando digo a conciencia me refiero a los cuarenta años de democracia, cuando se ha podido corregir los efectos de la emigración del campo a las ciudades en los años del desarrollismo franquista. Incluso se ha desaprovechado el retorno a los pueblos de muchos de los trabajadores de la construcción a consecuencia de la crisis económica de este siglo.

Nuestra clase política que ahora se disputa el voto de esa piel de toro con escasa densidad de población, pero con escaños parlamentarios que salen más baratos que los de la periferia litoral y las grandes ciudades, ha hecho muy poco por dotar a los medios rurales más alejados de las infraestructuras adecuadas: buenas carreteras, cobertura de las redes de telefonía móvil y banda ancha, inversiones en nuestro patrimonio forestal e incentivos para fijar y atraer a nuevos pobladores.

El abandono de las líneas no rentables y la apuesta por la Alta Velocidad (AVE) han convertido a algunas provincias y comunidades enteras, como Extremadura, en islas ferroviarias y han extendido el sentimiento de abandono entre sus habitantes.

A la brecha entre lo urbano y lo rural se le abren nuevos frentes con la implantación de las redes 5G, que no tienen fecha para llegar a la totalidad de la geografía española. Si ya son muchos los municipios con una débil cobertura de la telefonía móvil, que dificulta hasta el funcionamiento de los TPV para pagar con tarjeta. Se imaginan la frustración del medio rural cuando oyen hablar del futuro de las smart cities (ciudades inteligentes) con coches autónomos y de la transformación digital.

No piensen que el problema de la despoblación es privativo de las comunidades del interior: las dos Castillas, Aragón, Navarra y Extremadura. Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana también padecen el problema en sus zonas de montaña y en sus comarcas aisladas.