UGT de Andalucía ha reclamado a la Junta mayores recursos en los centros educativos en materia de prevención de conflictos y atención a los menores que resultan afectados en este caso.
Así, el sindicato ha centrado su petición en una propuesta concreta: la habilitación de un teléfono público que actúe en casos de agresión, acoso o violencia. Han señalado que “el tratamiento de la conflictividad” en los centros educativos es “un asunto de vital importancia” para los docentes y han trasladado a través del Comité de Seguridad y Salud del personal docente no universitario “la necesidad de crear un teléfono público específico que canalice los casos de agresión, acoso o violencia en las aulas”.
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— UGT Educación Andalucía (@UGTEducaAnd) October 29, 2024
La Consejería de Educación no responde
Con el objetivo de dotar a estos mismos centros de personal formado específicamente para actuar en estos casos, desde el sindicato recuerdan que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP se mantiene todavía en silencio sobre “la negociación del Decreto de reconocimiento de autoridad del Profesorado” que solicitaron el pasado mes de mayo.
Señalan que, tras ello, el borrador llegó a la Mesa Sectorial de Educación en junio, donde el sindicato se mostró “satisfecho con una gran parte del contenido, ya que está en consonancia con lo que se aportó”, específicamente, con la creación de la unidad de apoyo al profesorado con profesionales de la psicología que sean empleados públicos de la Consejería.
Pese a ello, cinco meses después, desde UGT denuncian que la Consejería “sigue sin publicar el Decreto” y, por tanto, “no existe un desarrollo normativo que pueda aplicarse a los centros educativos y a las Delegaciones Territoriales Provinciales”. Y alertan del carácter inaplazable que requiere la aplicación de estas respuestas. “Es urgente tomar medidas ante aquellos hechos que supongan una alteración del ambiente deseable, son conductas intolerables que deben ser contestadas con medidas disciplinarias, pero también han de ser recopiladas y evaluadas por la Administración para poder componer un mapa real de la conflictividad actual”.
Por esto mismo, el sindicato insiste en la necesidad de “trabajar en un contexto de concordia que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje a todos los agentes” y que la conflictividad en las aulas “no puede suponer un impedimento en el magisterio diario”.
Alarmantes datos de acoso
Precisamente esta reivindicación por parte del sindicato se produce poco después del inicio de un nuevo curso que no tiene buenos datos de referencia por lo que hace a las cifras de acoso escolar durante el último curso.
El pasado mes de mayo, con motivo del Día Mundial contra el Acoso Escolar, se hicieron públicos los datos que notifican los casos de acoso escolar. En total, se dieron cuenta de 762 expedientes de acoso. De estos, 282 se dieron en centros de Primaria, y 480 en Secundaria.
En ese momento, desde la Consejería de Educación se atribuyó el aumento de casos a "los medios dispuestos y de la digitalización y simplificación de los procedimientos para activar el protocolo", y lo calificaba como "buena muestra del esfuerzo por avanzar en la identificación del acoso tanto desde la administración y los servicios de inspección como desde los propios centros".
Sin embargo, la reciente petición de UGT y esa nueva llamada a la respuesta hacia la Junta de Andalucía y hacia la Consejería de Desarrollo Educativo refleja la realidad: una nueva falta de compromiso del gobierno de Moreno Bonilla hacia la educación.
Hace apenas una semana miles de jóvenes se plantaron ante la gestión del líder de la Junta en materia de formación profesional y acceso al empleo. La denuncia recaía concretamente en la notable diferencia entre las plazas de FP pública y FP privada. Así pues, desde que Moreno Bonilla se hacía con la presidencia de la Junta de Andalucía, el crecimiento de las plazas públicas ha sido del 1,22%. Por su contra, el de las privadas ha duplicado su oferta.
"Estamos viendo cómo el gobierno de Juanma Moreno está desmantelando la educación pública, priorizando la privada y concertada. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez destina más de 140 millones de euros para la creación de 70.000 nuevas plazas de FP a nivel nacional, aquí en Andalucía la Junta rechaza 112 millones de euros que habrían permitido crear más de 12.000".
