El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado este miércoles la posibilidad de acordar "medidas añadidas" para obligar al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) a revisar de oficio la licencia de obras del hotel de Azata del Sol situado en el paraje del Algarrobico después de que el Tribunal Supremo haya rechazado anular dicha licencia de forma jurisdiccional y confirmara el pronunciamiento del alto tribunal andaluz que ya en julio de 2021 ordenó que el Consistorio llevara a cabo dicho proceso.

"Existen esas posibilidades legales y quizá ahora con la sentencia del Supremo, que clarifica más el tema, puede ser que en esa fase de ejecución se acuerden esas medidas añadidas", ha estimado Del Río en declaraciones a los medios al ser preguntado por las medidas a adoptar para avanzar en el derribo del hotel de 411 habitaciones y casi 20 plantas ubicado en terreno protegido y que invade el dominio público marítimo-terrestre.

El presidente del TSJA ha instado así a esperar a que el Supremo emita la sentencia, cuyo resultado avanzó este pasado martes, para conocer los argumentos y la motivación en los que se basa el fallo, ya que dichos fundamentos podrían "clarificar" las actuaciones que han de seguirse de cara a que el Ayuntamiento lleve a cabo la revisión de la licencia.

Cabe recordar que, de forma paralela, el propio TSJA acordó el pasado mes de noviembre requerir al Ayuntamiento de Carboneras informes quincenales sobre los pasos que se estaban dando para modificar, como debe por imperativo legal, la calificación del Algarrobico "a suelo no urbanizable de especial protección" en su planeamiento urbanístico, ya que en incluso en verano el alcalde, José Luis Amérigo, fue apercibido con multas de hasta 250 euros semanales si no se producía un cambio de calificación en esta zona y en El Canillar dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"Hemos vuelto casi a la casilla de salida", ha considerado Del Río, para quien la demolición del hotel pasa por "destruir esa licencia" que "seguramente no debió de haberse concedido pero estaba y amparaba, por así decirlo, esa construcción inicialmente". "A partir de ahí ya se podrá hacer las concesiones o las demoliciones que haya que hacer", ha apostillado.

El último pronunciamiento del Tribunal Supremo rechazaba el recurso de Greenpeace para declarar jurisdiccionalmente nula la licencia de obras de hotel de cara a que sea el Ayuntamiento de Carboneras el que revise el permiso municipal, por lo que tendrá que ser el Consistorio el que inicie el procedimiento de oficio para dejarla sin efecto y, en tal caso, propiciar la demolición del inmueble.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideró en su sentencia de julio de 2021 que lo adecuado era que el Ayuntamiento de Carboneras iniciase procedimiento de revisión de oficio de la licencia municipal concedida en 2003 y rechazó ordenar el derribo porque, según remarcó, "mientras no se estableciera lo contrario" una vez concluido ese trámite, el hotel "seguía teniendo un título jurídico válido".

El Ayuntamiento ha venido argumentando ante los tribunales que no tiene potestad para revisar de oficio la concesión de la licencia de obras ya que este acto debería ir acompañado de una indemnización a Azata cuya cuantía no puede asumir. No obstante, en febrero del año pasado la Audiencia Nacional rechazó que Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras tuvieran que indemnizar a la empresa promotora del hotel. La sala consideró en su resolución que no había quedado acreditado que los daños económicos originados a la empresa –70 millones de euros reclamaba Azata– fueran imputables a la Administración.