Dos años ha tardado el Ayuntamiento de Málaga en celebrar una comisión de Transparencia. Justo en el ecuador del mandato municipal el Consistorio gobernado por el Partido Popular y Ciudadanos, ha celebrado esta sesión creada como elemento de profundización democrática y de claridad de la administración más cercana a la ciudadanía.

La oposición, PSOE y Adelante Málaga, ha censurado ese hecho de que no se haya convocado ni en una sola ocasión en todo este tiempo. La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha criticado "la opacidad tremenda del equipo de gobierno”. Rodríguez se ha quejado tanto del tiempo que se ha tardado en celebrar esta específica comisión así como por la negativa del equipo de Gobierno a incluir en el orden del día las dos mociones que han propuesto los socialistas. Por un lado la moción relativa al procedimiento judicial contra un exdirectivo de la empresa municipal Promálaga y otra sobre las cantidades percibidas por la adjudicataria del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.

En esas críticas también ha coincidido la concejala y portavoz de Podemos e IU, Remedios Ramos: "Hemos tardado dos años en convocar por primera vez la comisión de Transparencia, lo que supone una falta de transparencia y de democracia".

Los socialistas han insistido en que quieren saber qué ha ocurrido  con el exdirector de Promálaga que fue despedido costándole al Ayuntamiento 180.000 euros" estando incurso, tras iniciarse una investigación policial, en un proceso por supuestas "mordidas del 10%".

Supuestas “mordidas” y cobros abultados

En el mismo sentido ha profundizado el portavoz socialista, Daniel Pérez. Este ha defendido que “en pleno siglo XXI no vamos a permitir la opacidad en el Ayuntamiento por deseo expreso del PP y de Ciudadanos” y que “los malagueños deben conocer toda la información que el alcalde oculta sobre los chiringuitos municipales, como es el caso de Promalaga, con el supuesto cobro de mordidas en contratos, y con el CAC, cuya dirección ha cobrado cantidades abultadas de dinero público con el centro cerrado y sus trabajadores en ERTE”.

El portavoz socialista ha informado que “el grupo socialista convocará un pleno extraordinario y urgente para revocar el funcionamiento opaco de la comisión de transparencia”, después de que el equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, haya retirado del orden del día dos mociones socialistas para pedir información sobre Promalaga, con el cobro de supuestas mordidas del 10% en contratos firmados por su exdirector económico y financiero, y “sobre el Centro de Arte Contemporáneo, donde la empresa que lo gestiona ha cobrado cantidades abultadas de dinero público con el centro cerrado y sus trabajadores en ERTE”.

“Pagar chiringuitos donde el alcalde coloca a los suyos”

Para el líder socialista, “el alcalde Paco de la Torre no debe esconderse tras la opacidad, debe explicar por qué utiliza el Ayuntamiento para pagar chiringuitos donde coloca a los suyos, mientras evita que la oposición tenga toda la información para realizar su labor de fiscalización”. Así, “en pleno siglo XXI no vamos a permitir la opacidad en el Ayuntamiento por deseo expreso del PP y de Ciudadanos”, de ahí que se convoque este pleno extraordinario. Los socialistas querían “arrojar luz y taquígrafos sobre lo que pasó en Promalaga”, con supuestas mordidas del 10% cobradas a proveedores por el exdirector económico financiero, Francisco Muñoz Montes, despedido en septiembre de 2020 tras iniciarse investigación policial y que ha sido indemnizado con 180.000 euros por parte del Ayuntamiento de Málaga.

Facturación abultada en plena pandemia

Sobre el Centro de Arte Contemporáneo, el socialista ha recordado que “durante los meses que el CAC estuvo cerrado en los meses más duros de la pandemia la empresa facturó cantidades igualmente abultadas, pese a tener a sus trabajadores en ERTE, ganando más dinero neto por este contrato la empresa adjudicataria”.

Desde el PSOE han expresado que la empresa Gestión Cultural y Comunicación SL “aplicó un controvertido ERTE durante el pasado confinamiento, una medida criticada igualmente en ese momento por el equipo de gobierno al considerarla “absolutamente injustificada”.  Pese a ello, “tras ver el expediente, comprobamos que a la concesionaria le fue muy bien con el cierre, ya que en marzo de 2020, en pleno confinamiento, facturó al Ayuntamiento 232.036 euros; en abril 199.133 euros, y en mayo 218.992 euros. En junio se volvió a la factura habitual, ascendiendo a 270.281 euros”, todo ello “con las puertas cerradas al público”.