El PP andaluz ha cogido la pieza y no piensa soltarla. Y es que, más allá de las sobreactuaciones propias de la política, los indicios aportados por una investigación de la Guardia Civil señalan que pudieron haberse pagado 14.737 euros al club de alterne sevillano Don Angelo con una tarjeta de la desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

El titular de la tarjeta era el ex director general de dicha fundación autonómica, Fernando Villén, quien en medios locales ha salido al paso de la denuncia del PP asegurando que, en “una despedida de soltero en la que no se contrataron” servicios de prostitución, él solo pagó 538 euros y fue “por error”, al confundir su tarjeta personal con la oficial de la Faffe porque “eran iguales”, pero que devolvió el cargo. La cuenta se pagó a escote ya que sus compañeros de celebración le dieron a Villén su parte en efectivo, según la versión de este.

“Blanco y en botella”

Sin embargo y amparándose siempre en el informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el PP sostiene que en los movimientos de 2010 del terminal del puticlub aparece una única devolución de 14.737 euros, que con anterioridad se habrían abonado con una tarjeta de la Faffe, aunque no queda claro si en uno o en varios pagos. “Blanco y en botella”, concluía terminante la secretaria general del partido, Loles López.

La ofensiva popular

Los principales pesos pesados del PP andaluz están movilizados con este asunto. Desde que desvelaran el caso a principios de la semana pasada, en vísperas del debate del estado de la comunidad, no ha pasado un solo día sin que algún dirigente del PP haya vuelto públicamente sobre el escándalo.

Ayer le tocó el turno a la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Carmen Crespo, que acusó a Susana Díaz de “estar callada” y reclamó de nuevo que la Junta informe en detalle de “los movimientos de las tarjetas black” que tenía asignadas la Faffe. Los argumentos de Crespo fueron prácticamente los mismos que aireó el día anterior en rueda de prensa la número dos del partido, Loles López.

La defensa socialista

Mientras, el Partido Socialista y el Gobierno andaluz se defienden como pueden, aunque hasta ahora no han logrado despejar las sospechas lanzadas por el PP.

Mientras Susana Díaz recalcaba que si "aparece algo irregular la justicia lo determinará, aunque estamos hablando de algo que pasó hace más de diez años”, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, se limitaba a trasladar el respeto de su partido a la investigación judicial abierta, al tiempo que acusaba al PP de “ensuciar” la vida política andaluza.

En la misma línea, el día anterior el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, reprochaba al PP no haber aportado "ni una sola prueba" que sustentara su acusación. La semana pasada Blanco aseguró que en la Faffe sólo había "una tarjeta de crédito que tenía un directivo" y su gasto medio mensual fue de 44 euros durante los años 2008, 2009 y 2010.

Las cuentas del consejero

En la sesión plenaria del pasado jueves, el consejero Javier Carnero defendía la “colaboración total” de la Junta con la justicia y la Guardia Civil, a las que en 2015 les entregó “la contabilidad completa de la Faffe, en total más de tres millones de apuntes contables” grabados en un disco, además de facilitarles un ordenador portátil con acceso a los programas de contabilidad de la fundación.

El consejero también dijo que siempre hubo una única tarjeta asignada al director de la Faffe y que su gasto total en tres años fue de 1.563 euros: “359 euros en 2008, 607 en 2009, y 597 en el año 2010".

Dudas por aclarar

En todo caso, los datos del consejero no cuadran con los desvelados por el PP, que eleva el gasto a 14.737 euros, que habría sido la cantidad devuelta por Don Angelo a la cuenta de la Faffe vinculada a la tarjeta de Villén, cuyo tope mensual de gasto era al parecer de 3.000 euros.

¿Devolvió el club esa importante cantidad porque quienes la gastaron con cargo a la tarjeta de la Faffe la habían repuesto previamente de su propio bolsillo? Y si fue así, ¿ello significa que la tarjeta oficial se habría usado de forma ilegítima? ¿Se trataba de una tarjeta opaca, como afirma el PP, o de una tarjeta convencional a la que se cargaron gastos personales que la Intervención habría detectado más tarde? La justicia tendrá que aclararlo.