Por algún motivo que a los profanos se les escapa, la ruina de las grandes empresas y corporaciones rara vez suele ir acompañada de la ruina de los ejecutivos que las condujeron a esa ruina. Los grandes ejecutivos de la banca financiera internacional o incluso de las cajas de ahorro españolas lo saben bien. La multinacional andaluza Abengoa no es una excepción: hundida en bolsa, expulsada del selecto Ibex 35, en preconcurso de acreedores y una deuda bruta de 8.903 millones de euros, a mediados de noviembre sus 25.000 trabajadores dispersos en 80 países se enteraban estupefactos de que el hijo del fundador y presidente de la compañía, Felipe Benjumea, se embolsaba 11,48 millones de euros como indemnización por “cese anticipado y obligación de no competencia post-contractual”, según recogía el informe de las cuentas de los nueve primeros meses de este año remitido por la compañía a la CNMV. La nota explicaba que esa cantidad era “el equivalente al 100% de la retribución percibida por cualquier concepto en el ejercicio inmediatamente anterior” y desglosaba así la cifra: 4,48 millones de indemnización por salario y una bonificación por permanencia de otros 7 millones de euros. Según recogían entonces todos los periódicos económicos, esos 11,48 millones no serían la única cantidad que recibiría el que fuera máximo responsable de la compañía y, por tanto, de haberla conducido a su más que incierta situación actual al embarcarse en una estrategia de rápido crecimiento a bases de préstamos bancarios que ahora no puede devolver. Abengoa también había firmado en septiembre de 2015 con su ya expresidente un contrato de asesoramiento por 1,08 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2016. Para tratarse de una empresa a borde del precipicio, no está nada mal. En todo caso, el despido millonario no fue solo para Benjumea. Manuel Sánchez Ortega, que fue consejero delegado de Abengoa hasta mayo, también fue enviado a casa con una contraprestación post-contractual por no competencia equivalente al 100% de cualquier concepto recibido en 2014, lo que supone 4,48 millones de euros por salario, cantidad a la que se sumaba el bonus variable correspondiente a 2015 hasta su salida, y que ascendía a 3,3 millones de euros. Partidos políticos, empresarios, sindicatos, gobiernos, ayuntamientos y otras instituciones públicas y privadas se conjuraban ayer para unir esfuerzos que eviten la desaparición de la compañía, aunque nadie parecía tener ningún reproche que hacer a esa peculiar política de recursos humanos de la compañía fundada por Javier Benjumea al término de la Guerra Civil.