La concejal de Adelante Andalucía y activista gitana Sandra Heredia ha denunciado esta tarde la aparición de una oferta pública de empleo “claramente racista” en el portal del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que busca conferenciantes para charlas sobre la cultura gitana que transmitan “que no todo es gratis y que tienen que estudiar para tener metas en la vida”, según recoge textualmente el anuncio oficial.

Heredia, que ha mostrado su incredulidad ante esta oferta de empleo publicada por la administración andaluza, considera que se trata de una forma de perpetuar el estereotipo de que las personas gitanas “viven de las ayudas” y ha pedido su retirada inmediata al tratarse de un caso de antigitanismo institucional y racismo.

El texto del anuncio es inequívoco: “Buscamos una persona en Jaén (La Colonia) cualificado y con experiencia para dar una charla sobre la integración social y la cultura gitana. Para realizarlo con alumnado de 5º y 6º de primaria. Tiene que conseguir que entiendan que no todo es gratis y que tienen que estudiar para tener metas en la vida. Buscamos que realice actividades dinámicas y diferentes”.

Este es la reproducción del controvertido anuncio del Servicio Andaluz de Empleo:

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Según ha explicado Heredia, las afirmaciones recogidas en la redacción del anuncio lesionan los derechos de las personas gitanas toda vez que asocian a este colectivo con la necesidad de aprender que no todo es gratis, al tiempo que dan por sentado que las personas gitanas no saben valerse por si mismas o  necesitan la tutorización de los servicios públicos. “Es absolutamente lamentable y discriminatorio y exigimos la retirada inmediata de esa publicación”, ha señalado la dirigente.

Paralelamente, desde el grupo parlamentario Adelante Andalucía han respaldado la denuncia de Heredia y han anunciado que trasladarán esta nueva señal de racismo institucional a la Cámara Autonómica con el objetivo de que el gobierno de PP y Cs se pronuncie al respecto y depure las responsabilidades políticas debidas ante un caso de vulneración de derechos fundamentales por parte de una administración pública.