Única autoridad encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y publicidad, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) es hoy una institución doblemente devaluada: en primer lugar, por tratarse de una 'Policía desarmada', sin herramientas coactivas para hacerse obedecer; y en segundo lugar, porque desde hace demasiado tiempo el Consejo opera a efectos prácticos como una suerte 'Policía patriótica' más atenta a no incomodar al Gobierno de turno que a vigilar la conduta deontológica de los operadores profesionales.
La primera causa de la devaluación estuvo ahí siempre, desde la fundación del CAA en 2004; la segunda no figuraba en el acta fundacional de la institución, pero no tardaría mucho en aparecer, si bien se agudizó de forma notoria con la actual mayoría conservadora.
El último episodio que ha vuelto a comprometer la institucionalidad de un órgano en teoría independiente del Ejecutivo se conocía ayer: se trata de un dictamen del CAA aprobado únicamente con los votos de los consejeros de la mayoría conservadora y que exculpa a Canal Sur TV de dos acusaciones de parcialidad, una de ellas formulada por el Partido Socialista.
Pluralismo bajo sospecha
En el comunicado que da cuenta de las resoluciones se resalta que “el CAA considera que los informativos de Canal Sur TV respetan el principio de pluralismo político, aunque se detecta un peso institucional elevado atribuible a la persistencia de la pandemia y al protagonismo de noticias relacionadas con las sucesivas olas de la enfermedad, las restricciones y la vacunación”.
La nota oficial menciona que las dos resoluciones fueron aprobadas “por mayoría del Pleno del Consejo con voto particular en contra”, aunque en la información no se recogen los argumentos de los cuatro consejeros disconformes que firman el voto particular, ni tampoco resulta fácil encontrar el texto de dicho voto en la propia web institucional.
Los cuatro consejeros designados por el Parlamento a propuesta del Partido Socialista y lo que en su día fue Adelante Andalucía consideran que “dicha resolución no se corresponde con la realidad que refleja el informe elaborado por los técnicos de este Consejo”.
Para los firmantes del voto particular la resolución "oculta la conclusión de los técnicos según la cual en los informativos analizados se detecta un refuerzo de la imagen positiva del Gobierno de la Junta de Andalucía", algo que ellos consideran claramente “contrario a la neutralidad".
Los antecedentes
No es la primera vez que una resolución del Pleno es objeto de controversia política. El 3 de noviembre de 2020 y también con los votos únicamente de los cinco consejeros designados a propuesta de los partidos de la derecha, el Pleno decidía “sustituir los indicadores cuantitativos aprobados en 2015 por una valoración que tenga en cuenta tanto la realidad de las televisiones como la realidad política local”.
Para los cuatro consejeros de la minoría progresista, el dictamen suponía “un retroceso en la función encomendada a este Consejo por las leyes”, hasta el punto de que “el cumplimiento o no del deber de observar el pluralismo político queda a partir de ahora en las manos de los consejeros y consejeras, llamados a interpretar situaciones o circunstancias que pueden influir decisivamente en el mismo”.
Dos semanas después, el 17 de noviembre de 2020, el CAA desestimaba la propuesta de realizar “un informe cuantitativo sobre los datos de emisión en Canal Sur TV y en los canales que se estimara oportuno” de la noticia, del 14 de octubre, relativa a la sentencia del Tribunal Supremo confirmando que el Partido Popular se había lucrado con la trama Gürtel. Salvo el informativo nocturno de Canal Sur TV, que la ocultó y que el CAA no quiso fiscalizar, todos los medios audiovisuales nacionales y regionales emitieron la noticia.
Dando argumentos a Vox
Impulsado en 2004 por Manuel Chaves en el contexto de la ‘desgubernamentalización’ de RTVE y la regeneración institucional promovidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el CAA no ha logrado ganarse el respeto de la opinión pública, pero tampoco suscitar el miedo de los operadores audiovisuales. Sus reiterados reproches a la práctica informativa de determinadas televisiones locales casi siempre cayeron en saco roto.
Al CAA le está sucediendo a lo que a otros órganos de extracción parlamentaria, como el Consejo de Administración de la RTVA: sobre el papel se trata de instituciones que trascienden la dinámica ideológica de la Cámara, pero en la práctica se limitan a reproducirla, poniendo así en cuestión su misma razón de ser.
El perfil profesional de bastantes de sus consejeros ha acabado neutralizado, cuando no enterrado, por la lógica partidista, idónea para un Parlamento pero letal para instituciones como las mencionadas, cuyo descrédito allana el camino de su supresión, propugnada, como se sabe, por una extrema derecha empeñada en estigmatizarlas con el injurioso sobrenombre de "chiringuitos".
