El barrio de El Calvario, uno de los rincones más emblemáticos de Torremolinos, vive horas de incertidumbre y angustia. Cuarenta familias, que durante más de una década han hecho de estos hogares su refugio y su vida, se encuentran ahora al borde del abismo, enfrentándose a la pesadilla del desahucio. Ante esta situación, el PSOE de Torremolinos ha alzado su voz con firmeza, exigiendo tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento que no permitan que estos vecinos queden a merced de la especulación y el desamparo.
El secretario general del PSOE local, Antonio Ruiz, ha sido rotundo en su defensa de estas familias: "Quiere impedir que estos hogares, construidos con sacrificio y esfuerzo, pasen a engrosar el parque especulativo de la vivienda. Los vecinos deben poder seguir viviendo en sus casas de forma asequible, se trata de cuestión de justicia, de humanidad y de responsabilidad pública", ha señalado.
Un laberinto judicial que asfixia a los vecinos
El drama de estas familias no es reciente. Durante años han abonado puntualmente sus rentas de alquiler a sociedades mercantiles vinculadas a un promotor que, tras caer en la quiebra, eludió su responsabilidad hipotecaria, dejándolos atrapados en una maraña de procedimientos judiciales de los que jamás fueron informados ni considerados parte. Ahora, tras años de incertidumbre, se enfrentan a la brutal realidad: sus hogares están en venta y ellos, que han construido aquí sus vidas, corren el riesgo de ser expulsados sin que nadie les reconozca siquiera como inquilinos legítimos.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Maribel Tocón, ha señalado la gravedad de la situación: "Nos encontramos ante un claro caso de vulnerabilidad social. Estas familias han sido ignoradas en todo el proceso judicial y ahora se ven amenazadas con perder sus hogares sin posibilidad de defensa". En un contexto del mercado de la vivienda como el actual, los socialistas han afirmado que "ello conduce a una situación de vulnerabilidad aún mayor de la que por sí tienen la mayoría de los ocupantes de estas casas".
Se trata, tal y como ha relatado el PSOE, "de familias con escasos recursos que han visto como en ningún momento se las ha tenido en cuenta en este proceso judicial que conduce a la venta de sus pisos sin posibilidad de que se les reconozcan como inquilinos".
Un mercado despiadado y una administración que no puede mirar hacia otro lado
El contexto actual no podría ser más adverso. En plena crisis del acceso a la vivienda, con alquileres desorbitados y precios que expulsan a las clases más modestas de sus propios barrios. Para Antonio Ruiz, "es importante que desde los poderes públicos velemos por el interés general y proteger a los más vulnerables en algo tan fundamental como la vivienda, articulando fórmulas que protejan a los ciudadanos ante este tipo de situaciones, en las que deben enfrentarse a empresas que utilizan los complicados procesos judiciales para enriquecerse".
Por ello, e independientemente del resultado de los procesos judiciales en los que los vecinos no han intervenido ni tenido en cuenta, "ante su vulnerabilidad, es justo que se hubieran arbitrado fórmulas para que estos tuvieran la oportunidad de alquilar sus viviendas de forma legal", ha añadido Maribel Tocón.
Que Junta y el Ayuntamiento "no escurran su responsabilidad”
Los socialistas de Torremolinos esperan que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Torremolinos “no escurran su responsabilidad con los vecinos”, asuman su papel, sienten a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), actual propietaria, a buscar soluciones si es preciso con el concurso de otras administraciones públicas o sus entes instrumentales, como AVRA o la propia Consejería como competente en materia de vivienda". Por tanto, los socialistas instan al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla y al Ayuntamiento de Torremolinos, gobernado por el PP, a que asuman su responsabilidad y buscar soluciones inmediatas.
Los socialistas exigen que la Junta, a través de la Consejería de Vivienda, y el Consistorio local, se sienten a negociar con la Sareb: "No es una cuestión de política, es una cuestión de humanidad. Es fundamental que se articulen mecanismos para que estas familias puedan permanecer en sus hogares con alquileres asequibles y condiciones justas", recalca Ruiz.
La incertidumbre pesa como una losa sobre estas cuarenta familias, muchas de ellas con escasos recursos y sin alternativas viables. Para ellas, el tiempo se agota y el riesgo de quedarse en la calle es cada día más real. En los próximos días, se decidirá si estas familias encuentran un resquicio de esperanza o si, por el contrario, se ven arrastradas por la tormenta del desahucio.
