La Justicia ha imputado por primera vez a dos altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las muertes en residencias. Tal y como ha podido saber ElPlural.com a través de un comunicado remitido a este periódico por parte de Marea de Residencias, Carlos Mur y Francisco Javier Peromingo, se sentarán en el banquillo por primera vez.

El juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado, para este lunes 26 de mayo, al que fuera director de Coordinación Sociosanitaria cuando comenzó la pandemia del Covid y fue quien puso la rúbrica a los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidió el traslado de residencias a hospitales de miles de residentes por deterioro cognitivo o de movilidad o por no disponer de seguro privado.

Más concretamente, el segundo de los documentos fue el llamado como Protocolo técnico, que fue complementario del primero en tanto en cuanto concretaba de qué manera debía ejecutarse; y sustituyó a Mur como director de Coordinación Sociosanitaria en mayo de 2020.

Hasta la presidenta y el ex consejero de Sanidad

Las plataformas Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia impusieron una denuncia colectiva firmada por 109 familiares, siendo este documento el que ha posibilitado la imputación de estas dos personas.

En este sentido, ambas asociaciones han celebrado que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones jurídicas nunca se habían dirigido contra ellos. “Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad”, emiten.

En cualquier caso, las entidades esperan que esta decisión sea solo el principio en tanto en cuanto “la responsabilidad jurídica no se detiene en Mur y Peromingo”. “Por eso, aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que cuenten esa verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad -Enrique Ruiz Escudero- y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes”.

Hasta 92 procedimientos por el artículo 511 del Código Penal

La denuncia llegó a la Fiscalía Provincial de Madrid, donde recayó la denuncia de 53 denunciantes, y las Fiscalías de Área de Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13).

Del más de medio centenar de denunciantes que corresponden a la Fiscalía Provincial, 44 disponían de una querella previa por posibles delitos de homicidio u omisión del deber de socorro que fue archivada; y otros cuatro que disponían de una querella por los mismos delitos que todavía se encontraban en fase de instrucción.

La Fiscalía Provincial solicitó en todos los casos que declarasen como investigados los “autores intelectuales” de los mencionados protocolos y que ya están “identificados en la denuncia”. Aquí se identificó ya a Carlos Mur y a Francisco Javier Peromingo, autores de los denominados protocolos de la vergüenza y técnico respectivamente.

Las plataformas pidieron expresamente la instrucción y enjuiciamiento conjunto del delito de discriminación denunciado en el año 2024 y el homicidio imprudente y de prevaricación instruido en virtud de la querella inicial.

Las líneas indican que “los hechos tanto de la querella primera conocida por el Juzgado a que nos dirigimos como los denunciados en la segunda denuncia, en su relato, muestran muchos puntos de similitud, pero la instrucción llevada en el Juzgado no entró a valorar este tipo delictivo que ahora se denuncia”. “El derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima en su modalidad de una investigación eficaz en relación a personas vulnerables exige dar respuesta a todos los delitos que puedan concurrir de edificio”, emplazan.

Marea de Residencias recuerda que los denunciantes han presentado recursos por el archivo. En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del mencionado artículo del Código Penal.