¿Quién audita al auditor? Es la pregunta que parece sugerir el portavoz socialista de la RTVA en el Parlamento Andaluz, Francisco Conejo, que en un comunicado difundido hoy ha recordado que el propio presidente del órgano fiscalizador, Antonio López, ha emitido un voto particular al informe aprobado por el Pleno, “defendiendo así la gestión anterior de la Radio y Televisión Pública andaluza y avalando la mayoría de las alegaciones presentadas por la dirección de la misma".

Precisamente, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, esgrimió ayer en el Pleno del Parlamento algunos de los reproches a Canal Sur contenidos en el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2018, cuando aún gobernaba el Partido Socialista.

Conejo ha recordado que la actual dirección de la RTVA “defiende la legalidad de la gestión anterior en las alegaciones que ha presentado al informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas sobre la cadena pública”.

El reproche más grave del informe de fiscalización se refiere a 71 contratos de producción “donde se han detectado hechos que pueden afectar al cumplimiento y aplicación de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia”.

Según el informe, redactado por la consejera a propuesta del PP Sandra Garrido Fernández, con respecto a dichos contratos de producción “se ha verificado que el proceso de inscripción y su posterior valoración sólo se realiza la primera vez que se presenta el proyecto de programa, pero no para las posteriores ediciones que se adquieran con independencia de las modificaciones, cambios y novedades que en esos nuevos proyectos programas se puedan incluir”.

El voto particular formulado por el presidente de la entidad, Antonio López, y secundado por el consejero a propuesta del PSOE Enrique Benítez Palma y el propuesto por Adelante Daniel Albarracín, subraya que “las alegaciones presentadas por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y su filial Canal Sur Radio y Televisión, S.A, en relación a los contratos de producción servicios audiovisuales, debieron ser admitidas y modificado el informe definitivo".

Considera el presidente de la Cámara que “se deberían admitir estas alegaciones y suprimir la mención a 71 contratos de producción en el punto 39, 1º y la referencia a 40 contratos del punto a 47, 1º, ya que son contratos relativos a servicios audiovisuales. Como ya ha quedado expuesto con anterioridad, estos contratos conllevan una creación original y una transferencia de conocimiento, por lo que son un negocio jurídico que afecta a una propiedad incorporal”.

Una fuente de Canal Sur, que cifró en cientos de folios las alegaciones formuladas por el ente, explicaba a este periódico que "es falso que esos contratos no pasaran por el registro de programas; lo que no ha pasado por el resgistro es la renovación de los mismos, porque no es necesaria".

Conejo considera que el Gobierno andaluz con su portavoz Elías Bendodo a la cabeza “pretenden esconder que todas las actuaciones realizadas en la gestión de la RTVA por el gobierno socialista eran legales, tal y como ha defendido la actual dirección de la cadena, nombrada por Moreno Bonilla, y el propio presidente de la Cámara de Cuentas en su voto particular".

“El señor Bendodo y las derechas en Andalucía están utilizando el informe de fiscalización de la RTVA como una cortina de humo para tapar el desmantelamiento de la cadena que han aprobado con el acuerdo suscrito con VOX, como precio a pagar por apoyar el presupuesto de la Junta para el año 2021!” ha destacado Conejo, quien ha afirmado que el gobierno andaluz “quiere tapar con estos bulos todos los escándalos de manipulación y recortes de los que son responsables”.

Así, Conejo ha manifestado que la actual dirección de la RTVA sigue utilizando los “mismos procedimientos que la anterior” de modo que “si ahora cuestionan la legalidad de la gestión en la etapa anterior, están cuestionando su propia gestión, ya que están utilizando los mismos procedimientos” ha concluido.