La tramitación de la proposición de ley de regadíos en Doñana que el PP y Vox dirigen en el parlamento de Andalucía quedará congelada hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Una decisión que se toma tras el notable desgaste que esta cuestión ha generado en torno a la figura de Moreno Bonilla en la región y en el Partido Popular a nivel nacional.

De este modo, el dirigente popular, por primera vez, y pese a seguir defendiendo la norma y enumerar los beneficios de la misma para el sector agrario, ha planteado en la sesión parlamentaria la posibilidad de “retirarla”, siempre y cuando desde Moncloa se ofrezca una “alternativa”.

Esta intención ya hizo saltar las alarmas no solo en el ámbito nacional, sino también de la Unesco, la comunidad científica y, especialmente, de Bruselas. Es así como la iniciativa del PP y Vox quedará en estado de hibernación hasta después de las elecciones, a la espera de que se vuelva a retomar el proceso parlamentario con un nuevo escenario político: “No podemos retirar nada hasta que haya una alternativa”, ha garantizado Moreno Bonilla.

La tramitación, en stand by

Estando a las puertas de la campaña electoral, y cuando queda menos de un mes para la cita en las urnas de todos los españoles, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central descartan, por el momento, abrir una fase de diálogo para abordar, con vistas a un futuro cercano, la cuestión. Por el momento, y en lo que concierne al ámbito regional, los partidos de izquierda mantienen su postura de no presentar enmiendas y no participar en el debate parlamentario.

Moncloa, desde el primer momento, respondió con aires negativos al impulso de la medida, siendo la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la voz más sonante y crítica contra la misma, debido a que ha ido exigiendo en reiteradas ocasiones la paralización de la norma. “Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades”, sentenció en una comparecencia reciente. En la misma dirección, aunque avanzando un paso más, el Gobierno de Sánchez advirtió con ir al Tribunal Constitucional en el caso de que la norma se llevase a término. 

En el Parlamento andaluz, así, el tiempo queda congelado. El PP volverá a tomar las riendas del proceso tras la ‘resaca’ de las elecciones, cuando podrán convocar de nuevo la Mesa de la comisión para aprobar la lista definitiva de comparecientes (agentes sociales) que pasarán por la Cámara regional a fin de exponer sus puntos de vista.

No obstante, la que tendrá la última palabra para convocarla será la diputada ‘popular’ Ana Chocano, presidenta de la comisión de Fomento, 48 horas después de la cita en las urnas. Tras la comparecencia de los agentes sociales que deseen intervenir, la proposición de ley tendría que volver a la comisión de Fomento y, tras ello, al Pleno de la Cámara para su aprobación final.

La seria advertencia de Europa

La propuesta de la Junta de Andalucía, a juicio del comisario de Medio Ambiente europeo, Virginius Sinkevicius, podría “deteriorar” el Parque Nacional de Doñana. A la par, señaló que dicha iniciativa “parece ir en dirección contraria” a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) del 24 de junio de 2021. La Comisión Europea, así, advirtió de que su preocupación se basa en el temor de que se puedan producir, con su hipotética aplicación, “efectos desastrosos” para el humedal.

Tras esta intensa reunión, el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ya se mostró abierto a realizar cambios en la norma. Palabras que, a posteriori, secundó Moreno Bonilla, quien estuvo dispuesto a “modificarla”.

Moreno Bonilla solicita más agua

Pese a la delicada y preocupante situación medioambiental que está dejando la sequía, especialmente en zonas como Andalucía, Moreno Bonilla ha solicitado este jueves al Gobierno central la liberalización de agua del embalse del Agrio para la próxima celebración de la romería del Rocío. En concreto, el ejecutivo andaluz ha trasladado una petición a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende de la Administración central, para facilitar que haya suficiente agua en el río Guadiamar y que los rocieros puedan llevar a cabo el tradicional cruce del cauce. 

Ahora,  será la CHG (organismo dependiente del del Ministerio para la Transición Ecológica) el que estudiará en los próximos días esta demanda. Por lo pronto, según ha avanzado el diario El Mundo, podría llevarse a cabo la petición, siempre que "coincida con uno de los desembalses de los previstos en mayo para el riego agrícola", es decir, el agua que se utiliza para garantizar los cultivos.