Nuevo paso hacia delante en la lucha por salvar Doñana. Unidas Podemos ha registrado este jueves en el Congreso de los diputados una iniciativa para intentar blindar el Parque Nacional ante el plan de la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla para regularizar regadíos ilegales. Así, los morados han llevado a la Cámara Baja una Proposición de Ley en la que proponen dotar de personalidad jurídica a este espacio natural y su entorno para elevar su protección. De esta forma, se busca otorgar a este bien medioambiental la "plena capacidad pública y privada de obrar" catalogándolo como "sujeto de derechos" para reconocer, entre otras cosas, el derecho a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de las autoridades competentes.

Podemos pide más protección para Doñana

Este jueves el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha elevado al registro del Congreso de los diputados, y por lo tanto a la Mesa, una petición para conceder al Parque Nacional de Doñana así como a todo su entorno la categoría de personalidad jurídica para elevar su protección. Una propuesta que responde al plan que pretende llevar a cabo la Junta de Andalucía que lidera el dirigente del Partido Popular Juan Manuel Moreno Bonilla para regularizar buena parte de los regadíos ilegales que están secando el espacio. Todo incrementado por la grave situación de la sequía y las peticiones al Gobierno central para liberar agua de los embalses para garantizar la celebración de la romería del Rocío. 

Así lo ha anunciado en rueda de prensa Juan Antonio López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde -una de las formaciones que integran Unidas Poemos-, quien ha explicado que esta iniciativa responde a las "agresiones" que están intentando percutir desde el Parlamento andaluz a través de una proposición de ley para regularizar regadíos. "El Espacio Natural de Doñana sigue sufriendo graves agresiones", ha sostenido el representante para después incidir en el plan para regalizar "hasta 1.900 hectáreas de regadío", lo que supondría"una condena a muerte" para esta área protegida. Y es que esta coyuntura se está produciendo a pesar de contar con otros marcos de protección, como la categoría de parque nacional, parque natural, reserva de la biosfera, Zona de Especial Protección de las Aves o Patrimonio de la Humanidad.

En este contexto, Unidas Podemos ha puesto en valor la necesidad de dar "un paso adelante" para asegurar el blindaje de este espacio natural dado que "la sobreexplotación del acuífero no es nueva" y se han producido más "amenazas históricas" en los últimos años, como el vertido de cinco millones de toneladas de lodos tóxicos tras la ruptura de una balsa minera en el municipio sevillano de Aznalcóllar, sendos proyectos para construir una carretera que vaya de Huelva a Cádiz o diversas urbanizaciones así como un almacén de gas natural subterráneo en la misma zona, tal y como ha explicado López de Uralde ante los medios de comunicación en una comparecencia de prensa desde la Cámara Baja y se recoge en la petición escrita.

Nuevos derechos para el parque nacional

"Consideramos que el precedente de la ILP del Mar Menor abre una vía nueva de protección para el Parque de Doñana", ha sostenido el representante morado. Y es que precisamente el caso del Mar Menor es el precedente que existe en nuestro país para dotar de personalidad jurídica a un ecosistema en sí mismo, para la que se le otorgó -así como a su cuenca en Murcia- a través de una iniciativa legislativa popular (ILP) aprobada en el seno parlamentario el pasado mes de septiembre. "Este reconocimiento jurídico de los ecosistemas es una nueva vía de protección de la naturaleza que se está abriendo paso con fuerza y que está creando una nueva jurisprudencia en materia de protección medioambiental", ha afirmado López de Uralde.

Y es que dar a Doñana esta categoría -en consonancia con el programa de Naciones Unidas llamado Armonía con la Naturaleza- le permitiría beneficiarse del "derecho a existir" y a evolucionar naturalmente, a la protección, a la conservación y a la restauración. Esto último muy necesario a la luz de la sequía acuciante que le está afectando junto a los planes para denostarlo. A juicio de los morados, esto "refuerza la capacidad tanto de las personas como de las instituciones para actuar en los tribunales en defensa de esos derechos que serían reconocidos por ley". Ya en el punto 3 y 4 del texto dirigido a la Mesa, la formación detalla que esto protegería tanto a cualquier persona física o jurídica como a las autoridades competentes ante la "defensa" el parque.

Obligaciones para las Administraciones

De esta forma, todo aquel que emprenda acciones legales "en nombre del ecosistema" tendrá derecho a recuperar todo el coste del litigio emprendido, incluido todos los gastos derivados. En cuanto a las administraciones públicas, "en todos sus niveles territoriales y a través de sus autoridades e instituciones", tienen la "obligación" de restringir, limitar y desautorizar todas las actividades que supongan un riesgo para el entorno, además de desarrollar políticas y acciones para restaurar los espacios que hayan sido dañados as como para "evitar" actuaciones que "conduzcan a la extinción" de la biodiversidad o su alteración. Según el CSIC, las extracciones de agua para destinarlo a los cultivos han afectado gravemente a los acuíferos y han dejado el 59% de las lagunas completamente secas, lo que está provocando un gran impacto en aves y anfibios.