¿Por qué le temen tanto las autoridades sanitarias a la palabra confinamiento, pese a nombrar la medida más eficaz para frenar los contagios por coronavirus? ¿Le temen por el impacto económico o por el impacto social y mediático? ¿Tiene que ver su renuencia con la estigmatización política que Vox y el PP hicieron del confinamiento ordenado por el Gobierno de España en el estado de alarma?
Cabe recordar que, en mayo pasado, el PP votó en el Congreso en contra de prorrogar el estado de alarma, cuya principal medida era el confinamiento. "Evidentemente, se evitan contagios encerrando en casa a 47 millones de personas, igual que se evitan accidentes laborales y de tráfico así también", dijo entonces con temerario desahogo su líder Pablo Casado.
Castilla sí confina
En Andalucía, el Gobierno de PP y Cs no parece atreverse siquiera a mencionar el confinamiento. Menos complejos tiene, en cambio, el de Castilla y León, también gobernado por la derecha, que este martes ordenaba el confinamiento perimetral durante 14 días de la localidad vallisoletana de Pesquera de Duero, de apenas 500 habitantes: no se puede salir del pueblo salvo causa mayor, aunque sí se puede circular dentro de él, si bien se recomienda salir lo menos posible
Los expertos que trabajan para el Gobierno castellano-leonés son contrarios al confinamiento general de la comunidad, pero no a los confinamientos selectivos, una medida a la que añaden el aumento de rastreadores o la utilización de test rápidos, los denominados antígenos de segunda generación.
Titubeos en Andalucía
En el palacio de San Telmo se diría que no tienen las cosas tan claras. El pasado lunes 21, mientras el consejero de Presidencia Elías Bendodo descartaba que la Junta fuera a tomar medidas excepcionales de restricción de la movilidad, solo unas horas después el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla decía “no descartar algún tipo de confinamiento”, aunque a renglón seguido puntualizaba con tono traqnuilizador que "la situación de Andalucía y la de Madrid son diferentes a día de hoy”.
Enfrentado a la encrucijada epidemiológica más crítica de todo el país, el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha tomado medidas restrictivas de la movilidad, pero se resiste a ordenar el confinamiento como tal.
En Andalucía, la situación general es ciertamente mucho menos grave que en Madrid, pero hay un número significativo de poblaciones que superan ampliamente la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, pero en las que la Junta de Andalucía no se ha planteado todavía seriamente el confinamiento.
Datos alarmantes
El caso más llamativo es el de Casariche, en la provincia de Sevilla, con una población de 5.500 vecinos y 3.720 casos por cada 100.000 habitantes, 25 veces mayor que la media de la provincia de Sevilla. Su alcalde, Basilio Carrión, ha reclamado a la Junta que ordene restricciones severas en la movilidad y suspenda la actividad docente en la localidad.
Aun así, hay otras poblaciones de Andalucía con una tasa mucho mayor, aunque su censo es muy pequeño: son los casos, por ejemplo, de Santa Eufemia (760 habitantes) o Valsequillo (370), ambas en la provincia de Córdoba, con tasas por encima de los 5.000 contagios por cada 100.000 habitantes.
La tasa media de contagio de Madrid es de 754. Con los datos actualizados a fecha de ayer, 47 áreas sanitarias madrileñas superan la incidencia que las hace susceptibles de confinamiento: en 31 se han ordenado restricciones que en mucho casos resultan confusas para los vecinos, mientras que las 16 restantes superan la incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, pero todavía no sufren restricciones.
"Tomen medidas ya"
En Casariche y Lucena –este último con una tasa cercana a los 1.000 contagios– la Junta ha ordenado cribados de la población mediante test rápidos que se llevarán a cabo durante las jornadas de hoy y mañana.
El consejero de Salud, Jesús Aguirre, quitaba relevancia a los contagios porque hasta ahora su impacto epidemiológico no parece significativo ni está tensionando seriamente los servicios sanitarios: “En su amplia mayoría son casos con escasa incidencia clínica, aunque sí pueden ser contaminantes", dijo ayer Aguirre.
Ayer también, la parlamentaria andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía Ana Naranjo exigía al Gobierno andaluz el refuerzo urgente del personal de los centros de atención primaria y del Hospital Comarcal Infanta Margarita de Cabra, de referencia en la zona sanitaria lucense. “El Gobierno andaluz tiene ahora la obligación de adoptar decisiones para proteger a la población. Tome las medidas necesarias ya”, clamaba Naranjo.
