El beneficiario directo e inequívoco son las farmacéuticas. El perjudicado igualmente directo e inequívoco son las arcas autonómicas, que desde que entró en vigor con el sistema de adquisición de medicamentos mediante subasta se han ahorrado alrededor de 1.000 millones de euros que ahora los ganará la patronal farmacéutica. Andalucía se convirtió en diciembre de 2011 en la primera Administración en fijar la adjudicación del suministro de medicamentos de uso extra hospitalario por convocatoria pública.

Los representantes de la patronal del sector, convocados ayer en el palacio de San Telmo, recibieron con satisfacción de boca del presidente andaluz el compromiso de suprimir un modelo avalado por el Tribunal Constitucional, pero en el que el Gobierno autonómico de PP y Cs veía una conculcación expresa del principio de igualdad.

Tras el solemne anuncio, Moreno Bonilla proclamaba que "vuelve la normalidad y los andaluces vuelven a ser ciudadanos de primera y no de segunda en el acceso a los medicamentos".

Doble rectificación

Básicamente, el modelo de subasta que entró en vigor en 2012 en Andalucía es un procedimiento de selección de fármacos basado en la compra a gran escala de aquellos medicamentos que suelen ser más prescritos en el sistema sanitario público. En su día, la patronal lo rechazó por considerarlo “una media para el ajuste a la baja con los laboratorios que los fabrican”. 

A las subastas que venía haciendo la Junta concurrían laboratorios de todo el mundo, muchos de ellos con sede en países asiáticos como India, aunque todos los adquiridos y dispensados por el SAS tuvieron siempre, como es preceptivo, la aprobación de la Agencia Española del Medicamento, que fiscaliza la calidad de los fármacos.

La selecta audiencia convocada ayer en la sede de la Presidencia de la Junta –los ocho presidentes de los colegios farmacéuticos andaluces, el presidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos y vicepresidente de Bidafarma, el director general de Farmaindustria y el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Medicamentos Genéricos– respiraba con alivio después de que, hace tres semanas, la prensa especializada próxima al sector alertara de que el Ejecutivo autonómico iba a mantener las subastas socialistas “con un mínimo de mejora”.

En efecto, en su edición del pasado 9 de diciembre, Diariofarma.com lanzaba la voz de alarma en una información firmada por Carlos Arganda:

“El Ejecutivo presidido por Juan Manuel Moreno no ha podido mantener hasta el fin de la legislatura una de las principales promesas electorales en el ámbito sanitario y farmacéutico, como era la eliminación de las subastas (…) Partido Popular y Ciudadanos han presentado una enmienda al texto del articulado de la Ley de Presupuestos para establecer este nuevo sistema con el objetivo, según parece, de tratar de conciliar los intereses de administración, industria y farmacia. Eso sí, seguro que no lo consigue ya que ni industria ni farmacia quieren saber nada de las subastas, aunque mejore sensiblemente al modelo previo.

La pretensión de Moreno de incumplir su compromiso electoral y lo pactado expresamente con Vox no solo incomodaba al sector, sino que indignaba a la extrema derecha y arrancaba los aplausos de PSOE y Adelante. La rectificación de ayer devuelve las aguas a su cauce: Moreno proclamaba "el fin de las subastas de medicamentos en Andalucía con la satisfacción de quien cumple la palabra dada".

El ahorro va por barrios

Para el presidente andaluz, el modelo implantado por José Antonio Griñán siendo consejera de Salud la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el modelo socialista "suponía una intromisión clara a la libertad de prescripción de nuestros profesionales, especialmente los médicos, y situaba a pacientes y médicos andaluces en situación de desigualdad respecto a españoles de otras comunidades autónomas donde no existía ninguna de esas cortapisas".

Según los datos ofrecidos en 2018 en el Parlamento por la entonces consejera de Salud, Marina Álvarez, la sanidad pública andaluza generó hasta 2017 incluido un ahorro de 568 millones de euros mediante la selección pública de medicamentos desde que se puso en marcha. La previsión de ahorro para 2018 superaba los 150 millones de euros, con lo que el ahorro global se situaría por encima de los 700 millones.

Álvarez también recalcó que el sistema andaluz de dispensación estaba “avalado por la Organización Médica Colegial para su utilización a nivel nacional por los ahorros que generaría en el Sistema Nacional de Salud, estimados en más de 1.000 millones al año".

Se diría que la pulsión ahorrativa de la Junta 'va por barrios': se aplica al gasto universitario, pero no al farmacéutico. Como se sabe, en mayo pasado el Gobierno andaluz anunció el recorte, muy contestado por todos los rectores, de 135 millones de la financiación a las universidades de la comunidad, un ajuste que el Gobierno andaluz asegura que sería compensado en el futuro con los remanentes no afectados.

Elogios al sector

Tras recodar que el pasado 22 de diciembre "venció el plazo de la última subasta vigente en Andalucía, que la anterior administración ya dejó programada", el presidente se felicitó porque "por fin dejamos atrás un episodio que ha sido triste para el conjunto de los pacientes andaluces". Para el presidente, el modelo Montero era “un recorte encubierto en la sanidad andaluza desde hace ocho años".

Moreno tuvo palabras de elogio para el sector del medicamento, que incluye las farmacias: "Es estratégico para Andalucía y España, está realizando un trabajo muy importante desde el propio inicio de la pandemia" de la Covid-19, y "ahora será un apoyo logístico fundamental para que la vacuna llegue a todos los puntos" de la comunidad.

Aludía así el presidente a los acuerdos de la Junta con la poderosa cooperativa de distribución mayorista de medicamentos Bidafarma, de la que su mujer, Manuela Villena López, es gerente de Relaciones Institucionales. Según la información oficial, Bidafarma puso gratuitamente a disposición de la Junta su red y sus instalaciones para el almacenamiento y distribución de las mascarillas primero y de las vacunas contra la Covid-19 después.