"Interpretaciones contradictorias" del Ministerio de Hacienda
Para Antonio Pradas, también representante socialista de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, estas cooperativas vienen actuando conforme a ley al utilizar sus socios la tarjeta gasóleo bonificado como medio de pago con liquidaciones periódicas. Sin embargo, con la llegada del PP al Gobierno de la Nación, las cooperativas están siendo sometidas a un importante número de inspecciones “basadas en interpretaciones contradictorias dentro del propio Ministerio de Hacienda”.
Pérdida de bonificación a agricultores y ganaderos
El responsable socialista ha incidido en que las actuaciones ordenadas por el ministerio de Montoro, desde la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, rescata una Consulta de 2006, obligando el uso de la citada tarjeta en el momento en que se retira el carburante por los socios agricultores y ganaderos y no, como vienen haciendo desde hace 20 años, a través de un cargo mensual en la cuenta de los cooperativistas mediante esta misma tarjeta. Esta interpretación, que es contradictoria con otras consultas del Ministerio de Hacienda, así como con resoluciones de tribunales económico-administrativos de ámbito regional o central, podría acarrear la pérdida de la bonificación a que tienen derecho los agricultores y ganaderos, según Pradas.
PNL del Grupo Socialista
El Grupo Parlamentario Socialista presentó el pasado 21 de abril una proposición no de ley (PNL) en la que insiste en que la propia Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales ya aclaró en 1994, a consulta de las cooperativas agroalimentarias, que éstas podían vender a crédito el gasóleo bonificado a sus socios, sin ser necesaria la tarjera-gasóleo en el momento del suministro. Pradas ha añadido, además, que tras la reforma del Reglamento de Impuestos Especiales del pasado enero, aún queda más clara esta posibilidad. “Para el PSOE de Andalucía se trata de un auténtico atropello, que puede suponer la paralización de muchas cooperativas, ya que se les reclaman cantidades que, en algunos casos, superan los 600.000 euros. Estas inspecciones podrían afectar, en el caso de Andalucía, a 300.000 agricultores y ganaderos y 50.000 empleos directos”, ha asegurado el diputado socialista andaluz.
"Pasividad" de Arias Cañete
Lo más llamativo para Antonio Pradas es “la pasividad del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, ante los reiterados ataques a la agricultura y ganadería andaluzas”. “Este hombre es experto, sí, pero experto en echar la culpa a otros ministerios, ya sea Industria, en el caso de la subida de la luz a las explotaciones agrarias, o a Hacienda cuando se trata de estas inspecciones. Un hombre así, ocupado en otro tipo de negocios, difícilmente va a defender los intereses del medio rural en la Unión Europea”, ha criticado.
