El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) y el Partido Popular han protagonizado sendas iniciativas para exigir responsabilidades políticas por el desalojo, la semana pasada por la Policía Nacional, de una misa en la catedral que oficiaba el arzobispo saltándose las prescripciones del estado de alarma, que la propia Conferencia Episcopal respalda.
La presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiendo "explicaciones" y mostrando su "malestar" ante la suspensión de misas en el transcurso de su celebración que ha tenido lugar en diferentes puntos de España durante la Cuaresma y la Semana Santa, como el pasado viernes, en la Catedral de Granada, unos hechos con los que, según denuncia, "se está vulnerando la libertad religiosa".
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia es una asociación de perfil conservador, creada en 2006, que "defiende el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública sin ser difamados o discriminados por sus convicciones morales y religiosas".
Por su parte, el senador del PP José Robles llevará al Senado el desalojo de la Catedral de Granada el pasado Viernes Santo y ha exigido el "cese inmediato" de la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, por la que ha calificado como "bochornosa" gestión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
Según el senador popular, "esto es lo que pasa por poner a políticos sectarios al frente de las instituciones". De hecho, José Robles asegura que "en Granada funciona todo menos lo que depende de Pedro Sánchez y del Partido Socialista".
La presidenta del Observatorio ha escrito al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para solicitar que su grupo parlamentario haga una pregunta al Gobierno en el Congreso de los Diputados sobre estas medidas.
"El estado de alarma sí permite la asistencia al culto religioso. Sin embargo, la Policía Nacional, algunas policías locales y los Mossos se han dedicado estos días de Semana Santa a suspender misas que estaban siendo celebradas con las medidas adecuadas de seguridad, e incluso en casas privadas con la única asistencia de los religiosos que allí vivían", ha explicado la presidenta del OLRC, María García.
Durante estos días, según ha precisado, han sido canceladas, "al menos", cuatro misas, la última el pasado Viernes Santo en la Catedral de Granada, cuando la Policía Nacional desalojó el templo porque había 20 fieles. Si bien, según la presidenta del OLRC, "se cumplía la distancia de seguridad" porque "en un templo de estas características entran miles".
El Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice en su artículo 11 que "la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro".
La subdirectora de Formación y Recursos Humanos de la Policía Nacional, Pilar Allúe, que estos días comparece en las ruedas de prensa en Madrid con el comité técnico para dar detalles de las actuaciones que se llevan a cabo durante el estado de alarma, aseguró que la normativa vigente no ampara la celebración de oficios como el de la Catedral.
Por su parte, el Vaticano, a través de un Decreto para la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, pidió que en los países afectados por el coronavirus, las celebraciones de Semana Santa tuvieran lugar "sin la presencia del pueblo" y de forma que los fieles pudieran seguirlo "en directo" desde casa a través de los medios de comunicación.
"Dado que la fecha de la Pascua no puede ser trasladada, en los países afectados por la enfermedad, donde se han previsto restricciones sobre las reuniones y la movilidad de las personas, los obispos y los presbíteros celebrarán los ritos de la Semana Santa sin la presencia del pueblo y en un lugar adecuado, evitando la concelebración y omitiendo el saludo de paz", subraya el decreto.
Por su parte, en una nota de prensa, el senador del PP José Robles ha considerado que "su manifiesta ausencia de liderazgo y sus continuos errores y
rectificaciones en medio de esta grave situación evidencian su incompetencia para ejercer la responsabilidad que le ha sido otorgada".
Ha incidido en que "Granada no puede ni merece tener al frente a una representante del Gobierno de España que remite cartas a alcaldes para prohibir que los agentes de la Policía Local participen en felicitaciones a vecinos durante el estado de alarma y en menos de 24 horas es desautorizada por sus superiores".
Además, el senador ha avanzado que llevará al Senado la suspensión de los actos litúrgicos del Viernes Santo en la Catedral de Granada. "Exigiremos conocer instrucciones exactas que se dieron a la Policía Nacional y quién se las dio, y además estudiaremos sus posibles consecuencias penales, por conculcar derechos fundamentales como el de libertad religiosa", ha indicado Robles.
Según el senador popular, "esto es lo que pasa por poner a políticos sectarios al frente de las instituciones". De hecho, José Robles asegura que "en Granada funciona todo menos lo que depende de Pedro Sánchez y del Partido Socialista".
El senador pide explicaciones por el desalojo de la Catedral, pero no menciona el protagonizado por la Policía Local –dependiente del Ayuntamiento de Granada que gobiernan PP y Cs– en la parroquia del Santo Ángel Custodio, donde también se celebraban los oficios del Viernes Santo con la participación de feligreses.
Según informa El Independiente de Granada citando fuentes de la Policía Local de Granada, la Jefatura recibió una llamada alertando de la reunión. Ya en la iglesia, ubicada en el Zaidín, los agentes comprobaron que había una treintena de fieles y procedió a su identificación, desalojando el templo.
