No molesta quien sumisamente, favoreciendo los intereses de directivos de empresa de gran panza, callan y agachan la cabeza cuando se trata de volver al orden que los neofascistas consideran lo natural: que el pobre no piense, no hable, rece y, por supuesto, no piense.

Quitar los mecanismos para que las personas de alcurnia humilde estudien y accedan en igualdad de condiciones a la universidad es un objetivo prioritario para los neoliberales. El PP está imbuido en un cambio radical de la sociedad. La España del bienestar para todos no es el modelo de este partido. El modelo económico y social del que se vanaglorian es el de la época de Aznar cuando cientos de miles de jóvenes de este país dejaron sus estudios secundarios por concluir, condenándose a carecer de titulación académica alguna ni cualificación profesional, para engrosar las cuadrillas de albañiles, profesión estrella de la etapa del amigo de Bush.

Sin embargo, las menores cotas de desempleo vinieron mucho después, con el Gobierno de Zapatero, quien accedió al poder en 2004 y logró bajar el paro hasta su mínimo histórico en España durante los años 2006 a 2008. Fue también con Zapatero, en el contexto de una crisis internacional y financiera que se ha parangonado con la de 1929, cuando el desempleo aumentó espectacularmente.

Nada justifica que haya que meter mano a la educación y a la sanidad. El problema del paro no es que se trate de cáncer a una ciudadana china residente en España a la que se le pasa un factura en una comunidad gobernada por el PP de más de 20.000 euros. O pagas o te mueres, elige.

Eso nada tiene que ver con el paro. Tiene que ver con un pensamiento, con un modo ideológico de concebir la realidad y las personas. Tiene que ver con un neofascismo que ha estado siempre ahí y que ha ido creciendo a medida que la socialdemocracia y el resto de la izquierda iban cosechando logros sociales, laborales y económicos para las clases trabajadoras. Pero fue directamente proporcional el resultado positivo de tales cosechas para estas clases al aburguesamiento y adormecimiento de las mismas. Aquí se ha pensado y se piensa que no hay que luchar por mantener lo que se consigue, que una vez conseguido nada tiene lo quita. Y se piensa ingenuamente en un estado donde sus instituciones son herederas del fascismo anterior que asesinó para cambiar España en todos los sentidos y para mantenerse durante cuatro décadas. La Justicia es un buen ejemplo de una institución heredada.

Ahora nos encontramos en la situación en la que la universidad pública corre peligro, en la que las privadas hacen presión ante un gobierno derechista que cede ante sus intereses porque tales intereses confluyen. Nos encontramos con que será una realidad que los hijos de los trabajadores no podrán ir a la universidad. Ninguna cifra de paro justifica que se suban las tasas, por ejemplo, o que se cierren alas hospitalarias por parte de un partido político que construyó un aeropuerto a 60 kilómetros de otro en Castellón donde no ha despegado ni despegará ningún avión. Eso no es derroche, pero sí los 10.000 millones de euros que para el Gobierno sobran en Educación y Sanidad. 10.000 millones de euros que van a parar directamente a un banco, Bankia, llevado al desastre absoluto por el exministro de Aznar Rodrigo Rato y los altos cargos del PP de Madrid y Valencia.

En Andalucía, la esperanza la tienen los ciudadanos en un gobierno de izquierdas que muchos fuera de esta comunidad envidian. Es cierto que cada partido aspira a gobernar en solitario, pero aquí ha gustado mucho el entendimiento entre PSOE e IU, una sintonía que durante mucho tiempo faltó y que es buena para ambos partidos, pero sobre todo para los ciudadanos, que no sufriremos los desmanes de un PP que quiere privatizarlo todo, pero que no podrá hacerlo en la comunidad más poblada de España: Andalucía.

Ígor R. Iglesias