El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, regresó ayer a Sevilla con las manos vacías tras su reunión -la primera desde su investidura- con el titular de Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien, sin dejar de mostrarse receptivo a las peticiones de su homólogo andaluz, se limitó finalmente a “tomar nota” de las mismas.

Moreno, que calificó el encuentro de “cordial”, reiteró la que desde hace tiempo viene siendo su principal reclamación, compartida por Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha: un fondo transitorio de nivelación dotado de 1.731 millones a repartir entre las cuatro comunidades, severamente perjudicadas por el actual modelo de financiación autonómica.

La exigencia de un nuevo modelo es compartida, en teoría, por todas las comunidades, pero en realidad por unas mucho más que por otras. Las que se ven beneficiadas por el actual reparto de fondos, como Madrid, no tienen prisa alguna en cambiar el modelo. De hecho, la formulación y aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómico se enfrenta a dos escollos nada fáciles de salvar.

El primer escollo es que el Partido Popular no presenta su propio modelo porque no lo tiene, y no lo tiene porque las comunidades donde gobierna mantienen postulados dispares y aun enfrentados sobre los criterios por los que debe regirse el futuro modelo; el segundo, que el Gobierno de España no tiene precisamente muchas prisas en consensuar un nuevo modelo que, necesariamente, implicará o bien una significativa aportación suplementaria de fondos o bien un reparto de la tarta actual en el que el Estado central tendría que ceder parte de su cuota a las comunidades autónomas, cuyos servicios públicos básicos son deficitarios.

El actual modelo de financiación, que lleva 13 años vigente, es "injusto y obsoleto", lamentó Moreno en su comparecencia, donde también recordó que ese fondo transitorio de nivelación de 1.731 millones sería prorrogable de manera automática y se repartiría así: Andalucía, 824 millones; Comunidad Valenciana, 648 millones; Región de Murcia, 194 millones, y  Castilla-La Mancha, 65 millones.

El borrador del nuevo modelo que el Gobierno de España hizo llegar a las CCAA a principios de año asignaba el 75 por ciento de los fondos según la ‘población ajustada’ de cada comunidad, un concepto que no coincide exactamente con el de ‘población real’, ya que modifica este en función variables geográficas y demográficas, como los tramos de edad, la extensión del territorio, la dispersión de la población o la insularidad.

Pese a su elevada población, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, rechazó la propuesta al interpretar que la diferencia entre la población real y la ajustada le suponía una pérdida de financiación de más de 200.000 habitantes. Cataluña era de la misma opinión. Es más, la muy centralista Madrid coincide con la muy anticentralista Cataluña en defender el denominado principio de ordinalidad en el reparto de fondos, es decir, que la solidaridad interterritorial no aboque a las comunidades ricas a perder posiciones en el ranking de ingresos por habitante.

El presidente andaluz también criticó la cita bilateral entre el Ejecutivo central y Cataluña, mientras que en el Estatuto de Autonomía de Andalucía también se recoge una Comisión Bilateral pero Pedro Sánchez no accede a celebrarla.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, le replicaba poco después diciendo que Andalucía no ha solicitado formalmente la convocatoria de este grupo de trabajo entre el Gobierno central y el andaluz. Si San Telmo la solicita, el Gobierno estará “encantado” de celebrarla, remachó Rodríguez.

Por otro lado, Moreno también reclamó a Sánchez que apruebe un "potente" decreto de sequía para su comunidad, para cuya economía el agua es "como el gas para la economía alemana", y la situación al respecto es "tremendamente preocupante".

El presidente andaluz recordó que la Junta ha declarado dos decretos de sequía, "con una aportación en torno a 145 millones", mientras que el Gobierno central sólo uno "con una aportación de nueve millones", por lo que "lo primero" que solicitó a Sánchez fue ese decreto de sequía de ejecución con carácter inminente, que acometa urgentemente las infraestructuras hídricas de interés general del Estado, sobre todo conducciones a pantanos y desaladoras especialmente en la zona del litoral".

Además, Moreno abogó por que, en la medida en que sea posible, se puedan invertir los fondos europeos en el agua: "No tenemos otra alternativa: si no llueve, si no podemos tirar de los acuíferos porque muchos de ellos se han agotado, y si se ha frenado el trasvase Tajo-Segura, que impacta directamente en Almería, tenemos que buscar una alternativa si no queremos vivir un drama en lo económico y lo social".