El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, presentó en la mañana de este martes el anteproyecto de Ley de Vivienda Para Andalucía, pendiente de enviar al Parlamento para su aprobación ya que lo óptimo es que se apruebe antes de que se celebren las elecciones autonómicas del próximo 2026. Una ley que recoge un problema nacional y que en Andalucía, según el último barómetro del Centra, supone el “principal problema” para 10,9% de los andaluces y andaluzas.

La vivienda es sin duda uno de los problemas a resolver y a solventar para la ciudadanía española. Pero, especialmente para los más jóvenes. Y, con especial hincapié, en Andalucía. Si en España el 17% de los jóvenes están emancipados, en Andalucía es el 14,3%. A esto hay que sumar que el salario medio de los jóvenes andaluces es el tercero más bajo de las comunidades autónomas y, la tasa de paro, la más alta: 36,24%.

Moreno Bonilla lo sabe y arranca este nuevo y último curso político de esta legislatura con una campaña por la vivienda en Andalucía que, en realidad, no supone sustancialmente ninguna mejora para los más jóvenes. De hecho, tal y como denunció CCOO de Andalucía el pasado julio, cuando este proyecto fue presentado ante el Consejo Económico y Social (CES), “esta ley no solo no aporta los mecanismos necesarios para reducir el actual problema de la vivienda en nuestro territorio sino que, en muchos aspectos, tiene un carácter regresivo, y concibe la vivienda más como un bien de mercado que como un derecho social”.

“Más vivienda en el mercado”

El presidente andaluz tiene claro que el problema de la vivienda se solventa con “más vivienda en el mercado”. Sin embargo, se le olvida que no a cualquier precio. Al igual que ha ocurrido en ciudades gobernadas por el PP, como Sevilla, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) pueden llegar a costar entre 200.000 y 350.000 euros, unos precios no solo que se salen de la ‘órbita’ del grueso de la ciudadanía sino que, además, en el caso de Sevilla, estos inmuebles podrán salir al mercado libre en tan solo siete años. En promociones anteriores, esta acción no podía realizarse hasta los 30 años.

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Moreno Bonilla y su Gobierno plantean generar más vivienda protegida en venta y alquiler, así como la creación de una bolsa de suelo público. También será posible el cambio de uso de suelos de oficinas y otros para hacer vivienda protegida y se fomentarán los plantes municipales de vivienda y el uso de suelo público, según explicó Moreno.

Para Comisiones, la Ley andaluza no recoge “medidas importantes contempladas en la Ley Estatal 12/2023 como la regulación de los parques públicos para evitar la venta a fondos de inversión, un porcentaje mínimo de reserva de suelo para vivienda en alquiler, establecimiento de límites al precio del alquiler o regulación de zonas tensionadas”.

“Una ley para jóvenes” sin jóvenes

Moreno Bonilla insistió en que esta ley servirá especialmente para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes que, como hemos resaltado, están en el vagón de cola en la tasa de emancipación respecto al resto de España (también en desempleo y sueldo). Sin embargo, la única presencia destacada que hubo en la presentación fue la de un representante del lobby juvenil Lideremos, una plataforma de “lanzamiento” juvenil que está radicada en toda España y que representa a en torno a 18.000 jóvenes.

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El propio representante, Jorge de Alba, afirmó que su "aportación" a esta Ley podemos resumirla en una reunión con la consejera de Fomento, Rocío Díaz: “La consejera nos recibió el pasado mes de julio y, precisamente, aquí en Andalucía, gracias a esa reunión que tuvimos con la consejera de Fomento, con Rocío Díaz, sentimos que esas propuestas se escuchan. Presentamos nuestro documento a la consejera, unas propuestas que estamos verdaderamente convencidos de que son propuestas que van a enriquecer esta futura ley de vivienda”, afirmaba el portavoz. Sin embargo, el anteproyecto en julio ya había sido elevada al Consejo Consultivo para su dictamen, los últimos trámites para su tramitación parlamentaria.

El ex presidente del Consejo Andaluz de la Juventud, Daniel Valdivia, denunció este asunto en sus redes sociales, donde expresó la incongruencia de “dejar a la juventud sin voz ante su mayor problema”. Además, Valdivia recordó que, durante su etapa al frente de dicho órgano, el CJA lideró diferentes campañas para promover y facilitar el acceso de la juventud andaluza a la vivienda, lejos de lo que estaba haciendo el Gobierno de Moreno. El ejemplo más claro, la fatídica tramitación con el Bono de Alquiler Joven, confirmada por la Cámara de Cuentas en un dictamen del pasado junio, en el que confirmaba que la Junta de Andalucía había sido “ineficaz” en su gestión y se habría retrasado casi un año en resolver los expedientes -muchos aún sin resolverse-.

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