Ya no son solo los ecologistas ni la izquierda no socialista, pues el PSOE optó por la abstención. Ni son únicamente las principales cadenas de supermercados de Europa. Ahora son también un millar de investigadores y académicos a título individual y 25 sociedades científicas quienes se han sumado a las voces de alarma contra la ley del Gobierno andaluz que pretende regularizar, indultar o amnistiar hasta 1.600 hectáreas de regadío del entorno de Doñana “que están fuera de la ley”.

La expresión “fuera de la ley” no es en esta ocasión de 'ecologistas trasnochados' o 'políticos radicales', sino de toda una comunidad científica que la ha incluido en el comunicado difundido ayer para alertar del peligro de desecación del Parque Nacional.  

Tras detallar el alarmante estado en que se encuentran el sistema de lagunas de la marisma y los niveles freáticos de las bolsas subterráneas de agua, los científicos resumen así los riesgos que se ciernen sobre el Parque si el Gobierno andaluz lleva adelante sus planes:

“Cualquier incremento de la superficie de regadío en el entorno de Doñana, y la legalización de explotaciones agrarias que están fuera de la ley y de los marcos de planificación, resulta una amenaza que desoye las voces de alarma que la comunidad científica viene manifestando sobre la extrema precariedad en que se encuentra el Espacio Natural de Doñana. Además, pone en riesgo el prestigio y fama de esta comarca, consecuencia de albergar el parque nacional, de cuyos beneficios disfrutan sus habitantes”.

Mientras, bajo el lema ‘DoñanaAministíaNo’, la organización ecologista WWF ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para reclamar al presidente de la Junta que “suspenda la tramitación de la amnistía para los agricultores ilegales que secan Doñana y que asuma su responsabilidad internacional cumpliendo las recomendaciones de UNESCO y la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia para proteger este frágil y amenazado Patrimonio de la Humanidad”. El objetivo de WWF es llegar a las 50.00 firmas; este viernes 25 por la mañana ya sumaban casi 30.000.

El presidente lo niega todo

El tono y el contenido del comunicado, de 27 páginas de las que el texto ocupa tres y los nombres de los firmantes las 24 restantes, desmienten con rotundidad lo manifestado esta misma semana por el presidente de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Para Juan Manuel Moreno "es categóricamente falso que se haya planteado una amnistía a regadíos ilegales, un mantra que repiten partidos y organizaciones pero que no es cierto".

Admite el presidente que el proyecto de ley impulsado por el PP, Cs y Vox “genera desgaste al Gobierno”, pero éste está decidido, dijo, a “ponerle el cascabel al gato para dar solución a un problema que se lleva arrastrando lustros".

Para los firmantes de comunicado, en cambio, no cabe ninguna duda del deterioro de Doñana, certificado por numerosos parámetros hidrogeológicos, hidrológicos y biológicos. Solo una “gestión basada en las evidencias científicas” puede salvar un Parque Nacional que “desde el año 2011 está inmerso en un periodo seco donde las precipitaciones medias están al límite o muy por debajo de las registradas en el último medio siglo” y ello en el marco de una “tendencia global a la disminución de las precipitaciones que se acentuará debido al cambio climático, acortándose el hidroperiodo y aumentando la evaporación”.

Recalcan con preocupación los expertos que “solo dos sectores de los 16 en los que está dividido el acuífero de Doñana están en situación de normalidad, el resto califican en estado de prealerta (5), alerta (6) y alarma (3)”. En consecuencia, “estas aguas subterráneas están sometidas a una explotación intensiva que está provocando un descenso continuado en el tiempo de los niveles piezométricos, con la consiguiente desaparición de las lagunas, manantiales y descargas difusas de agua subterránea hacia los arroyos (situación que motivó la declaración oficial del riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo en buena parte de sus masas de agua subterráneas)”.

Trasvases sí, trasvases no

El dictamen de los científicos es inequívoco: “La tendencia, en lugar de revertir, se agrava y tornará irreversible si no se limitan las fuerzas motrices generadoras del drástico cambio que está sufriendo Doñana y su entorno”. De ahí su voz de alarma ante la decisión del Parlamento de Andalucía de “dar luz verde a la tramitación del plan de regadíos de Doñana, pese a la oposición del Gobierno estatal, el organismo de cuenca, las organizaciones ecologistas, sociales y políticas, buena parte de los agricultores afectados y las advertencias de instancias internacionales, que regularizaría unas 1.600 hectáreas de regadíos en terrenos que no cuentan a día de hoy con concesión de agua”.

Mientras, el discurso oficial de la Junta de Andalucía es que los riesgos que se ciernen sobre Doñana quedarían conjurados si el Gobierno de España cumpliera su parte. ¿Cómo? Acometiendo, dijo el presidente, obras hidráulicas para satisfacer las necesidades de los regantes, con los trasvases de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras y de la Demarcación del Guadalquivir: los regadíos se alimentarían así de "aguas superficiales, no de sondeos hacia abajo".

"Con ese trasvase podemos cumplir con los regadíos", añadía Moreno, que además recalcaba que “la conversión de terrenos forestales en suelos agrícolas regables se sitúan en zonas que no están ni en el parque ni el preparque, sino a 30 kilómetros del Parque de Doñana, pero se está generando confusión y una alarma desproporcionada que no es real".

El manifiesto científico también da respuesta a este planteamiento sobre los trasvases que hace Ejecutivo andaluz: “El trasvase de aguas desde un origen más lejano, además de generar expectativas inalcanzables y un efecto llamada, no va a evitar afecciones importantes en el entorno del parque nacional, como la entrada de fertilizantes y productos químicos fitosanitarios usados en los cultivos”.

En todo caso, el diagnóstico científico es mucho más severo que el publicitado desde el palacio de San Telmo: “El grado de deterioro global de Doñana –sostienen– es alarmante, los niveles de explotación de los recursos hídricos son insostenibles y la alteración de la dinámica hidrológica comprometen gravemente este singular ecosistema”.

Alarma comercial

A los riesgos medioambientales y reputacionales señalados por científicos, ecologistas y partidos hay que sumar los riesgos puramente comerciales. A ellos aludía el miércoles pasado en el Parlamento la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, pero también el secretario de Agricultura del PSOE de Huelva, Juan Antonio García.

Sostiene García que “Moreno y toda la derecha en bloque son culpables de la campaña de desinformación y la imagen desvirtuada que empiezan a tener los mercados internacionales de los productos que se cultivan en la zona de Doñana".

Nieto, por su parte, cree que “el plan para amnistiar regadíos ilegales en el entorno de Doñana está poniendo en peligro la comercialización y el prestigio del fruto rojo de Huelva en Europa", un mercado "con clientes muy sensibles a que los productos que compran y su trazabilidad no tenga dudas en el carácter sostenible de su producción".

Mientras, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha solicitado "diálogo" a esas 23 cadenas de supermercados europeas que en una misiva han pedido a la Junta que "abandone el plan para legalizar el regadío ilegal en Doñana". El presidente de la Plataforma, Romualdo Macías, lamentaba que "se oiga solo una parte, la de los ecologistas, y no se tenga en cuenta la voz de los que trabajan cada día esos frutos rojos".

Moreno, por su parte, echaba balones fuera: "No me ha llegado ninguna carta de cadenas de supermercados europeas, solo me ha llegado la carta de una organización ecologista, que es la que nos traslada que una serie de supermercados" rechazan los planes del Ejecutivo andaluz.