El vicepresidente de la Junta de Andalucía y titular de las competencias de turismo, Juan Marín, lo tiene claro: el Gobierno de Pedro Sánchez pretende una “invasión brutal de las competencias autonómicas” al considerar de obligado cumplimiento las restricciones decididas el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud.
Aunque fueron seis las comunidades que no votaron a favor de las medidas aprobadas por mayoría en el Consejo, finalmente han sido cuatro las que se han declarado rebeldes: el País Vasco y las gobernadas por el PP Andalucía, Madrid, Galicia y Castilla y León.
El vicepresidente Marín justificó la rebeldía andaluza con estos argumentos: “No puede el Gobierno pretender imponernos ahora que no estamos bajo el estado de alarma decisiones que no le corresponden, pero si cree que le corresponden, que lo haga con la ley; si quiere las competencias, que decrete el estado de alarma y tendrá la competencia última en salud pública".
Recordó Marín que estado de alarma decayó el pasado 9 de mayo y desde entonces las competencias sanitarias volvieron de nuevo a manos de las comunidades autónomas: “En Andalucía –recalcó– tenemos un comité de expertos que es el que tiene la capacidad, también jurídica, para decidir los horarios y ahí es donde la ministra no se está entendiendo con las comunidades".
Controversia jurídica
El Gobierno y las autonomías díscolas interpretan de forma distinta el alcance jurídico de las decisiones del Consejo Interterritorial. Para el Ejecutivo, es obvio que este órgano sustituye de hecho a la Conferencia Sectorial de Salud, cuyas decisiones, aunque no se adopten por unanimidad, sí son de obligado cumplimiento porque así lo prescribe en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público.
Las autonomías entienden, en cambio, que el Consejo es un órgano distinto a la Conferencia y no cabe, como hace el Gobierno, atribuirle unas competencias que no le corresponden.
Entre los argumentos esgrimidos por Marín para rechazar el paquete de medidas acordado por el Consejo Interterritorial no se menciona el hecho de que Andalucía figura entre las comunidades con riesgo alto –por encima de 150 casos por 100.000 personas en los últimos 14 días– y esa circunstancia la obligaría ser más restrictiva con el sector del ocio y la hostelería, de gran peso en Andalucía, muy castigado por la pandemia y que culparía a la Junta de las nuevas restricciones.
Andalucía, con 181 casos a día de ayer, es la comunidad española con peores datos después de Euskadi y prácticamente a la par que La Rioja y Melilla.
Un paso atrás
La aplicación de las medidas del Consejo sería una marcha atrás en toda regla de la desescalada que, ante los malos datos de la evolución de la pandemia, el propio Gobierno andaluz frenó en seco esta semana, si bien descartó endurecer las restricciones, que es lo que a fin de cuentas aprobó el Consejo Interterritorial de Salud.
Más allá de otras consideraciones, la rebeldía autonómica y las decisiones que vienen tomando los tribunales en contra de determinadas restricciones impuestas por los gobiernos regionales evidencian que, pese a las advertencias autonómicas, el Ejecutivo central no midió bien las consecuencias de no intentar una nueva prórroga del estado de alarma.
Así lo pedían desde distintas comunidades, entre ellas Andalucía, y así lo reiteró el presidente Juan Manuel Moreno, quien, sin embargo, no reclamó al líder de su partido, Pablo Casado, que el grupo parlamentario popular apoyara la prórroga en el Congreso.
