Juan Manuel Moreno mira de reojo a su homóloga y compañera de partido Isabel Díaz Ayuso. Es seguro que desde San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, están siguiendo atentamente la evolución del conflicto que enfrenta a la presidenta madrileña con los profesionales sanitarios, que el pasado domingo lograron movilizar a varios cientos de miles de personas que tomaron las calles del centro de la capital en defensa de la sanidad pública.
A la entrada de la reunión mantenida ayer por la dirección nacional del PP, Moreno guardó silencio sobre la crisis sanitaria de Madrid, cuyo Gobierno ha optado hasta ahora por menospreciar el alcance de las protestas y descalificarlas con el sambenito de “políticas”. Defender a Ayuso en estos momentos no es una buena idea: su gestión del conflicto consistido en echar leña al fuego y no es ese el estilo de Moreno.
Aun así, la sanidad andaluza no es, ni mucho menos, todo lo excelente que el Gobierno del PP se empeña en decir que es. La atención sanitaria no ha recuperado los estándares previos a la pandemia y, por supuesto, sigue a años luz de los estándares de la década de los noventa o los primeros 2000, antes del crack financiero de 2008, cuando los usuarios la tenían en altísima consideración.
El Ejecutivo de Moreno maneja y publicita buenas cifras de gasto sanitario, pero la percepción del ciudadano está muy lejos del discurso oficial. Las citas con el médico de familia tardan días e incluso semanas y las consultas con el especialista son un viacrucis, con interminables meses de demora.
En ese contexto, la Coordinadora de Mareas Blancas vuelve a la carga el sábado 26 de noviembre. Hay convocadas manifestaciones en las principales ciudades andaluzas, pero la que se prevé más numerosa, y más incómoda para el Ejecutivo, es la programada en Sevilla partiendo de Las Setas de la Encarnación hasta el palacio de San Telmo. Partidos de izquierdas, sindicatos y colectivos sociales apoyan la convocatoria, aunque no parece que vaya a tener ni mucho menos el masivo respaldo popular de la habida este domingo en Madrid.
Los convocantes reclaman un atención sanitaria “presencial, humanizada y digna”; más personal y recursos; una estrategia eficaz contra las listas de espera, “que afectan a 800.000 personas” y contra “el deterioro progresivo” del sistema público.
La réplica del Gobierno autonómico la repetía la semana pasada en el Parlamento la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que desgranó un aluvión de datos y cifras que siguen sin convencer a la oposición.
García dijo que la inversión en salud “superará en 2023 la cifra histórica del 7,4 por ciento del PIB, frente al 6,1 de 2018” y que la atención primaria acaparará el 30 por ciento del presupuesto sanitario, con 4.500 millones, con el objetivo de desarrollar la nueva Estrategia de Atención Primaria en Andalucía con la que se persigue “mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los centros y servicios”.
Además, dijo, el gasto de personal del SAS (Servicio Andaluz de Salud) asciende en 2023 a 6.467 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,63% respecto a 2022. En concreto, la consejera detalló que desde 2018 “se han incorporado 30.000 profesionales sanitarios de plantilla media, más de 7.600 en la plantilla estructural, lo que eleva la cifra total por encima de los 120.000 profesionales”. Y en 2023 se incorporarán “544 efectivos más y se avanzará en la estabilización y mejoras retributivas del personal”.
Desde la oposición, en cambio, se atribuye el incremento del dinero para sanidad a los fondos extraordinarios allegados por el Gobierno de España y la Unión Europea. Para el líder socialista Juan Espadas, “Madrid lleva años en proceso de deterioro permanente de la sanidad pública y Moreno Bonilla tiene la misma hoja de ruta que Ayuso”.
Para el portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado (Podemos), "nadie a estas alturas duda ya de que el Gobierno de Moreno ataca a la sanidad pública andaluza para favorecer a la sanidad privada".
"Los datos son tozudos y evidentes y dejan en muy mal lugar al presidente de la Junta”, remachaba Delgado aportando estos datos: “El sector privado representa ya más de la mitad de los hospitales, en concreto, el 55%; además, el 27% de las camas hospitalarias también son privadas, y el 61% de los hospitales privados se financian con fondos públicos". De hecho, el año que viene la cifra prevista de pacientes derivados al sector privado alcanzará los 245.000, un 25,16% más que en 2022 y un 42,78% más que en 2018 (171.592).
En el ranking que cada año elabora la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en el año 2018, con el PSOE todavía gobernando, el sistema de salud andaluz ocupaba el poco honroso puesto 12 entre las comunidades autónomas, pero es que en 2022 ha bajado al puesto 14; por debajo de Andalucía solo están Murcia, Cataluña y Canarias.
