Tras la aprobación en su día de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que prohibía honrar en espacios públicos a golpistas del 36, y la entrada en vigor mañana de la nueva Ley de Memoria Democrática, de alcance estatal, que reitera el mismo precepto de forma todavía más contundente, a la Hermandad de la Macarena no deberían quedarle excusas para persistir en la actitud remolona que viene exhibiendo desde hace años en relación a la retirada de la basílica de los restos del espadón africanista y criminal de guerra Gonzalo Queipo de Llano.

Ayer en rueda de prensa, el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, dijo que la hermandad "está esperando que le digan qué tiene que hacer", aunque no parece que la nueva la ley requiera de expertos juristas para entender cabalmente su contenido ni de exhaustivos reglamentos que la desarrollen para poder aplicarla sin riesgos.

El artículo 38.3 de la ley publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado dice así: "Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado”.

Considera el hermano mayor que la Macarena no debe tomar una "decisión" propia al estar sus hermanos "divididos", con lo que urge a "arbitrar el decreto" estatal que determine la actuación a adoptar.

Como se sabe, ya hubo un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Sevilla en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando que el templo de la hermandad de la Macarena dejara de acoger dicha tumba. El Consistorio recordaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sus deberes en relación al contenido de las leyes estatal y autonómica.

A su vez, un informe de los servicios jurídicos de la Junta, encargado en 2017 por la presidenta Susana Díaz, dio pie a los cofrades y al nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs para esquivar el punto 4 del artículo 32 de la ley andaluza: “Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

Firmado por el entonces letrado-jefe de la asesoría jurídica de la Junta, Manuel Andrés Navarro Atienza, el dictamen hacía una interpretación bastante sui generis de dicho precepto legal: "Resulta cuando menos discutible, en atención a la información de la que disponemos, que concurran en el [caso de la exhumación de Queipo] los requisitos [que exige la ley para que exista un elemento contrario a la memoria histórica], ya que incluso en relación con la lápida, según nos comunican, parece haberse retirado cualquier elemento que pudiera considerarse contrario a la Memoria Democrática".

El letrado consideraba singularmente relevante el hecho de que la hermandad hubiera retirado años atrás de la lápida la referencia explícita al 18 de julio de 1936 y a la condición de teniente general de Queipo, como si tal supresión borrara de un plumazo su vinculación al golpe de Estado y la ferocidad con que persiguió y asesinó a miles de republicanos leales al régimen legítimo.

El historiador José María García Márquez, experto en el general golpista, atribuye 12.854 “casos documentados” de víctimas asesinadas a quien años después patrocinaría la construcción de la basílica de la Macarena y crearía una fundación para “amparar y proteger a la infancia desvalida”.