Los que “no son propiedad”
No obstante, tanto desde UGT como CCOO ha hecho distinción en los casos en que los bienes "no son propiedad" del sindicato, como los inmuebles de alquiler o el Patrimonio Sindical Acumulado, edificios cedidos a los agentes sociales que "son propiedad del Estado, por lo que es éste quien tiene que pagar el IBI", han destacado.
Diferencias con la Iglesia
De este modo, ambos sindicatos han marcado diferencias con la Iglesia en cuanto a las condiciones fiscales. "Lo que no vamos a permitir es que nadie nos compare con la situación de la Iglesia", ha apostillado UGT-A, pues el sindicato asegura que sí paga sus impuestos y que no ha pedido "nunca exenciones por la labor social y laboral que desempeñamos en la defensa de los derechos de los trabajadores dentro y fuera de las empresas".
“También podrían hacerlo”
En el mismo sentido se ha pronunciado CCOO-A, incidiendo en que "si la Iglesia pide exenciones fiscales por prestar servicios y trabajar a favor de la sociedad", el sindicato "también podría hacerlo" dada su labor de "pelear por la negociación colectiva, para que todos los trabajadores tengan reguladas sus condiciones laborales, en la defensa de los derechos y de la igualdad de las personas de este país". "También podríamos pedir esas exenciones, pero no lo hacemos", ha apostillado.
