Los trabajadores beneficiados serán en principio unos 270.000. O no, como diría Mariano Rajoy. Votaron a favor el PSOE-A, Podemos e IULV-CA y se abstuvieron el PP-A y C's. El Parlamento convalidaba ayer el decreto-ley del Gobierno andaluz que, en teoría a partir de enero, devuelve a los empleados públicos de la Junta la jornada laboral de 35 horas semanales, implantada en 1999 y suspendida en 2012 por imposición de un Gobierno central, presionado a su vez por Bruselas para que recortara gastos urgentemente.
Era un compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales recortados desde 2012. Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF respaldan la medida. De hecho, el personal funcionario interino y temporal ya ha recuperado del cien por cien de su jornada y de las retribuciones, que se vieron reducidas en un 25 por ciento por el proceso de redistribución del trabajo que se llevó a cabo.
Sistemáticamente, el Ejecutivo de Rajoy ha recurrido deciciones similares adoptadas por ayuntamientos o comunidades autónomas. La última vez fue en octubre pasado. El Gobierno recurrió entonces ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid por la que reinstauró la jornada jornada de 35 horas semanales a los funcionarios municipales.
El Gobierno también recurrió la decisión castellanomanchega ante el Tribunal Constitucional el pasado mes de abril a instancias del Ministerio de Hacienda. El recurso que fue admitido a trámite y desde entonces se encuentra en suspenso. Lo mismo pordía ocurrir en Andalucía.
Dudas jurídicas
La decisión política andaluza está clara, pero las dudas jurídicas sobre el cumplimiento del decreto no han sido despejadas. Un pista: ayer en la sesión plenaria el diputado del PP Pablo Venzal reclamaba que, antes de votar, el letrado mayor de la Cámara informara "sobre si lo que se va a votar es legal o no", dada la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de los recursos gubernamentales contra decreto similares de Castilla-La Mancha y Cataluña. "El decreto –dijo Venzal– es contrario al principio de legalidad, a la división de poderes, a la lealtad institucional y al cumplimiento de los acuerdos. Incumplen la ley porque saben que estamos ante una potestad exclusiva del Estado".
Y es que, en efecto, si el Gobierno central recurre el decreto, como previsiblemente hará, sus días estarán contados. Precisamente, el PSOE y los grupos de izquierda intentan presionar al PP andaluz para que interceda ante el Gobierno central pidiéndole a Rajoy que no recurra el decreto. El presidente del partido, Juan Manuel Moreno, se limita de momento a ponerse de perfil, aunque no parece probable que entre en el comprometido jardín donde intenta meterlo el Gobierno andaluz.
El PP daba ayer otra pista más sobre su posición: recordó que un informe jurídico del Consejo Consultivo de Andalucía certificó en su momento que la jornada laboral de 37,5 horas semanales para los empleados públicos es "normativa básica" y que la comunidad autónoma "no tenía competencias" en esta materia.
