La octava jornada del juicio por la pieza política de los ERE que sienta en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía no ha sido para el Ministerio Público un día para recordar. Ni el fiscal Manuel Fernández por la mañana interrogando al exconsejero José Antonio Viera ni el fiscal Juan Enrique Egochehaga por la tarde interrogando al exviceconsejero Agustín Barberá consiguieron sacar mucho en claro.

Ni lograron acorralar a quienes fueron responsables máximos del departamento que otorgaba las ayudas sociolaborales ni tampoco consiguieron que incurrieran en contradicciones que dieran verosimilitud a la tesis de la Fiscalía de que Viera y Barberá participaron activamente, junto al resto de acusados, en la creación y mantenimiento durante diez años de un procedimiento administrativo y presupuestario ilegal.

“Nunca salió de mi boca”

El arranque de la sesión había deparado una cierta sorpresa: la derivada de escuchar cómo el ex director general de Empleo Javier Guerrero renegaba de la expresión ‘fondo de reptiles’ para referirse a la partida presupuestaria destinada a ayudas a trabajadores de empresas en crisis.

“Nunca salió de mi boca; se ha tergiversado y ha servido de base para la prensa y para pensar que teníamos fondos reservados, pero nada de eso es cierto", dijo Guerrero, que en realidad ya se había desdicho años atrás en el mismo sentido, aunque sin mucho éxito ya que la tentadora expresión ha quedado fijada en la memoria colectiva y mediática como imborrable sambenito de la partida 31L.

Guerrero y la manta

El Javier Guerrero que hemos conocido en la vista oral ya no es la máquina de dar titulares de antaño. Aunque no ha querido contestar a la Fiscalía y eso operará procesalmente en su contra, el ex director general ni ha tirado de la manta ni ha trasladado la sensación de que hubiera manta de la que tirar.

El ex director general, que solo contestó a preguntas de su abogado, defendió su gestión pero también la de sus superiores políticos (“los gobiernos de la Junta han sido honestos en su trabajo y conscientes de la realidad andaluza"), sostuvo que las ayudas siempre fueron individuales (“fueron 6.30 expedientes de 6.300 trabajadores”), negó la existencia de intrusos que cobraran indebidamente y hasta presumió de haber arrancado personalmente a Boliden dos talones de 2.000 millones de pesetas para afrontar las indemnizaciones laborales derivadas de la rotura de la balsa de residuos de Aznalcóllar.

Expectativas defraudadas

La comparecencia del exconsejero José Antonio Viera era de las más esperadas. El doble hecho de que fuera titular de un departamento nuclear en la supuesta trama y de que un elevado porcentaje de las ayudas a empresas fuera a parar a la comarca sevillana de la Sierra Norte, con la que el exconsejero tenía vinculaciones familiares, había suscitado unas expectativas que no se vieron satisfechas.

Viera recalcó en varias ocasiones no solo que había actuado siempre dentro de la legalidad, sino que le resultaba absolutamente inconcebible la posibilidad misma de que responsables políticos pudieran confabularse para saltarse la ley: “No me cabe en la cabeza”.

La normativa reguladora

No obstante, el exconsejero y ex secretario general del PSOE de Sevilla no fue capaz de precisar cuál era exactamente la normativa que regulaba la concesión de las ayudas, si bien aludió vagamente a que la Junta las otorgaba con criterios similares a los del Gobierno central y prescritos en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995.

Aunque la frase “no lo recuerdo” la repitió en numerosas ocasiones justificándose en que habían pasado varios lustros desde los hechos por los que se le preguntaba, no se apreció en ningún momento que el exconsejero se sintiera agobiado o acorralado por las preguntas del fiscal: mala noticia para un Ministerio Público que pide para él nada menos que ocho años de cárcel.

Tres horas de preguntas

Se diría que los reiterados intentos de Manuel Fernández de confirmar los indicios de criminalidad en la conducta de Viera fueron en vano. Todos los documentos que firmaba, explicó varias veces, tenían “absoluta apariencia de legalidad” al haber pasado por el circuito de firmas de los distintos centros directivos de la consejería, pues de otra forma no habría estampado su rúbrica.

La jornada de tarde, que acabó casi a las ocho, tuvo muchos parecidos con la de la mañana. Durante más de tres horas, el fiscal Juan Enrique Egochehaga buscó sin descanso en las afirmaciones de Agustín Barberá algún resquicio donde el exviceconsejero pudiera ocultar mentiras, incoherencias o contradicciones. Si las hubo o las hay, el fiscal no las descubrió. Desde luego, no en el grado requerido para sostener las acusaciones de prevaricación y malversación que pesan sobre el procesado.

Apuros… para el fiscal

El momento más apurado no ya para el interrogado sino para el propio interrogador fue cuando intentó acorralarlo por satisfacer los pagos comprometidos con los trabajadores mediante pólizas de rentas. ¿Por qué ese mecanismo?, inquirió el fiscal en tono de sospecha. “Porque no hay otra manera de cobrar una prejubilación”, le espetó respetuoso pero firme Barberá mientras los compañeros de banquillo sentados a su espalda celebraban con sonrisas y comentarios en voz baja el comprometido jardín en que, sin ayuda de nadie, se había metido el fiscal.

Barberá o el estupor

Tampoco salió bien parado el Ministerio Público cuando atacó por el flanco de las sucesivas modificaciones presupuestarias aprobadas para cubrir los desfases provocados por las ayudas concedidas pero no previstas inicialmente.

“Todo el dinero era poco, nos teníamos que multiplicar para atender los conflictos”, explicó Barberá, que no dejó pasar la ocasión de lanzar ese misil contra las tesis de la Fiscalía: “Me causa estupor que se criminalice algo tan común como las modificaciones presupuestarias”.

Todos lo sabían

También se defendió con solvencia el viceconsejero cuando el fiscal intentó demostrar, aunque sin explicitarlo así, que la redacción de las memorias del presupuesto era ambigua o inconcreta, lo que habría permitido burlar al Parlamento: “El destino y la finalidad de la partida 31L la conocía todo el mundo; en la Comisión de Empleo del Parlamento –contestó el viceconsejero– los diputados podían preguntar y aclarar cuanto quisieran, y además teníamos una Oficina de Control Presupuestario. Era muy, muy, muy frecuente hablar de los conflictos laborales de la comunidad y muy, muy, muy frecuente que los parlamentarios reclamasen ayudas para las prejubilaciones y ayudas sociolaborales para sus provincias".

Ciertamente, el juicio no ha hecho más que empezar, pero de lo visto y escuchado hasta ahora se puede aventurar que las acusaciones no tendrán fácil demostrar ante el tribunal los gravísimos delitos que atribuyen a los procesados.