En principio, parece tratarse de una vulneración de los protocolos de vacunación de la Junta de Andalucía contra la Covid-19: el pasado 31 de diciembre, el abogado y administrador de un centro sanitario privado de Sevilla Ramón Escudero Espín se jactaba en su cuenta de Facebook de estar entre “los primeros de España” en haber sido vacunado. Una fotografía del momento en que una sanitaria le administraba la dosis probaba su afirmación. 

Escudero habría hecho valer su condición de administrador de la Residencia Nuestra Señora del Carmen para ser uno de los primeros andaluces en ser vacunados sin tener una labor sanitaria en el centro.

Ramón Escudero Espín es hijo del fundador del centro, Ramón Escudero Ruiz, que creó el centro en el año 1959 en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), aunque en 2001 éste se trasladó a unas nuevas instalaciones en la cercana localidad de Bormujos. Hasta febrero de 2019, Ramón Escudero Espín ha sido administrador único de la Residencia  Nuestra Señora del Carmen, un centro privado de atención psiquiátrica, cambiando ese estatus a administrador solidario desde esa fecha.

No es el único caso

El caso de Escudero no es el único. Eldiario.es revelaba en días pasados que en la residencia Casablanca Valdesur, situada en la localidad madrileña de Valdemoro, se habían desviado vacunas para administrárselas a familiares de los trabajadores e incluso a sacerdotes vinculados al centro. La Consejería de Salud de Madrid investiga el caso.

Según explicaba la Junta en su página web el pasado 23 de diciembre, en esta primera etapa del proceso de vacunación la prioridad, recomendada por el Ministerio de Sanidad, se centra “sobre todo en las residencias de mayores y en los profesionales sanitarios y sociosanitarios de las mismas y de la primera línea de actuación frente a COVID-19. Debido a la escasez inicial de dosis y las peculiaridades especiales de conservación de estas vacunas –informaba el responsable autonómico en la materia– , su administración se llevará a cabo, por el momento, en centros de vacunación seleccionados, tanto de atención primaria como de hospitales, con sus equipos de vacunación, que además se movilizarán a las residencias de mayores".

Un caso de alto voltaje político

Escudero es una persona de cierta relevancia pública por ostentar la representación legal de Emerita Resources, la multinacional que consiguió paralizar la explotación de la Mina de Aznalcóllar al ser admitida a trámite su denuncia por prevaricación y cohecho contra cargos de la Junta. En el concurso celebrado en 2015, su oferta fue rechazada al entender la Mesa de Contratación que no contaba con la solvencia económica y técnica exigida en el pliego de condiciones.

Al hilo de la querella –cuyo archivo fue pedido hasta tres veces por la Fiscalía y reabierto en dos ocasiones por orden de la Audiencia de Sevilla en sendos autos de los que fue ponente la juez de los ERE Mercedes Alaya– el contencioso tuvo un amplio recorrido político y mediático, si bien la justicia ha acabado archivándolo. 

Bajo sospecha

Según adelantaba en septiembre el diario El País, informes de auditoría habían relevado que la empresa de matriz canadiense carecía de capacidad para afrontar las inversiones a las que se había comprometido y su conducta obedecería a un cierto patrón, ya que también arrastra "conflictos en las comunidades de Cantabria, Asturias y Extremadura, donde logró la adjudicación de explotaciones que luego no ha desarrollado".

Según la información firmada por Miguel Ángel Noceda, "la empresa presenta un proyecto para investigar los recursos mineros y cuando tiene los correspondientes permisos, entra en una situación de impasse mientras especula en el mercado búrsatil de empresas mineras junior de Toronto para multiplicar su valor, incluso ostentando derechos mineros ya caducados".