No es la primera vez. Ni la segunda. Es la tercera vez que la Fiscalía de Sevilla traslada formalmente su convicción de que en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar por la Junta de Andalucía no hubo nada ilegal.

El Ministerio Público, según ha adelantado la cadena SER en una información firmada por su redactora de tribunales Mercedes Díaz, ha solicitado nuevamente a la juez instructora Patricia Fernández Palacios el archivo del caso porque, tras las numerosas diligencias practicadas, no ha encontrado “indicios racionales suficientes” para mantenerlo abierto.

Cinco años de instrucción

La denuncia, como se recordará, fue presentada en su día por Emerita, la empresa que perdió el concurso internacional convocado en 2014 por el Gobierno andaluz bajo la presidencia de Susana Díaz.

La instrucción del caso Aznalcóllar ha superado ya los cinco años en gran medida por el tenaz empeño de la juez Mercedes Alaya de mantener viva la causa, como ponente de la sala de la Audiencia de Sevilla encargada de examinar los recursos contra su archivo, decretado hasta en dos ocasiones por la juez instructora.

Al igual que en otros casos de alto voltaje político, como el de los ERE o los cursos de formación, también en este creyó Alaya ver en el clientelismo político la clave secreta de la adjudicación.

Contactos y recompensas

Los "indicios ostensibles de tráfico de influencias e indicios poderosos de prevaricación" que Alaya asegura haber apreciado en la actuación de la Administración socialista no son compartidos ni por la instructora ni por la Fiscalía de Sevilla. Sí los ha compartido ciegamente, en cambio, la prensa conservadora, que desde que estalló el caso dictaminó sin contemplaciones la ‘condena’ de la Junta.

Según recogía en sus autos ordenando la reapertura, la ‘pistola humeante’ imaginada por Alaya consistía en los “valiosos contactos en la administración pública” de la firma adjudicataria o en los supuestos ascensos de funcionarios relacionados con el concurso como “recompensa por posibles actos ilícitos presuntamente cometidos".

Para la Fiscalía no hubo ni recompensas laborales ni contactos secretos ni, obviamente, pistola humeante alguna.

Archivo y reapertura

El primer archivo de la causa –con siete imputados, entre ellos la directora general de Minas María José Asensio, que fue cesada–  tuvo lugar en diciembre de 2015.

"En principio, hemos de concluir que el procedimiento observado ha sido el correcto (…) teniendo en cuenta además que, con carácter previo, había sido una normativa específica aprobada ad hoc la que regía en este concurso", decía la juez Fernández Palacios en un auto de sobreseimiento provisional que después tumbaría la Audiencia de Sevilla a instancias de su ponente Mercedes Alaya.

Un segundo archivo ordenado por la instructora tras practicar las diligencias reclamadas por Alaya era anulado en octubre de 2019 por la misma sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en una resolución de que la también fue ponente la juez de los ERE, para quien los derechos de explotación minera a Minorbis los estaría ostentando esta “ilegítimamente, con la anuencia de la Administración y siguiendo un plan preconcebido”.

Un cierto estilo narrativo

En privado, un letrado próximo a la causa resumía con una expresión castiza la tenacidad de la magistrada: "No parará; nadie la convencerá de que ahí no hubo delito. Lo suyo es darle leña al mono hasta que hable inglés".

La redacción de este auto que reabría la causa por segunda vez tenía el estilo inconfundible de Mercedes Alaya, con afirmaciones editorializantes como que en la adjudicación de la mina hubo una “patente, grosera y burda ilegalidad”, que la empresa ganadora “debió ser apartada del concurso” o que hubo “una actuación llamativamente ambigua de la Administración”.

Con esta tercera solicitud de archivo, la Fiscalía de Sevilla deja claro que no comparte la línea editorial de Alaya.