La Asamblea Feminista Unitaria ha reclamado a la Universidad de Granada (UGR) la creación de una comisión de investigación "que resuelva con premura" los posibles casos de acoso sexual que puedan darse dentro de la institución docente, después de que una alumna haya denunciado a un profesor por supuesto abuso sexual. Se da la circunstancia de que desde mayo de 2015 una mujer ocupa el Rectorado por primera vez en la historia de la Universidad de Granada. Al frente de una candidatura progresista, Pilar Aranda, catedrática de Fisiología de la facultad de Farmacia, venció con holgura a la lista conservadora que encabezaba Indalecio Sánchez-Montesinos, decano de Medicina. 'LE TOCÓ LOS GENITALES' Según señala el colectivo feminista en un comunicado, fue el pasado diciembre cuando la alumna denunció ante el Defensor Universitario de la UGR que "había sufrido abuso sexual en al menos dos ocasiones por parte de su profesor, que --de acuerdo a su relato-- la forzó, le tocó los genitales y le dejó unos moratones marcados en las ingles". "Inspección de Servicios le recomendó denunciar por la vía penal y puso a su disposición una psicóloga; también le ofreció cambiar de clase y la derivó a una asociación de mujeres maltratadas financiada por la Junta de Andalucía, que fue quien le proporcionó una abogada", añade el comunicado. La Asamblea Feminista Unitaria afirma que en este tiempo el profesor ha seguido ejerciendo su labor "con normalidad", con el "agravante de haber violado el principio de confidencialidad al hacer público el caso y las identidades de los implicados a miembros del aula". Sostienen que la afectada se siente "acosada, juzgada, insegura y nada protegida por la universidad", además de tener "diagnosticada una depresión mixta". "Pese a que cambió de clase, tuvo que hacer el examen que ese profesor puso para la asignatura. Suspendió". El colectivo mantiene que esta situación "se podría haber solventado más rápido y con diligencia con un protocolo de prevención y actuación frente al acoso y abuso sexual dentro de la universidad". LA UNIVERSIDAD SE DEFIENDE Por su parte, la Universidad de Granada (UGR) ha defendido este lunes su forma de proceder ante el supuesto caso de abuso sexual y ha alegado que actuó con "celeridad", ofreciendo a la joven "apoyo y atención jurídica, médica y psicológica". La institución docente ha informado en un comunicado de que la estudiante, que afirma haber sufrido abusos por parte de un profesor, fue atendida por el Defensor Universitario y el Inspector de Servicios. Ambos "actuaron con celeridad, ofreciendo a la denunciante su apoyo y la atención jurídica, médica y psicológica de los servicios de la UGR, así como toda la información disponible sobre asociaciones y entidades de apoyo en casos de acoso sexual. Desde entonces, esta asistencia se ha mantenido de forma continuada". Garantiza la UGR que "desde un principio" se han adoptado las medidas de protección oportunas y se ha mantenido un estrecho y constante seguimiento del caso, "en las circunstancias adecuadas y de necesaria confidencialidad, como señala el Reglamento de la Inspección de Servicios de la Universidad de Granada". Además, la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada está liderando el "intenso" trabajo de los diferentes colectivos implicados en la elaboración de un ‘Procedimiento para la prevención, actuación y protección ante casos de acoso’. Este instrumento “está próximo a publicarse”. EL JUICIO PUEDE TARDAR UN AÑO La Asamblea Feminista Unitaria sostiene, sin embargo, que la creación de una comisión de investigación paralela al proceso judicial, tal y como establecen los protocolos de otras universidades, resolvería si procede que la labor docente del presunto abusador no se prolongue hasta la celebración del juicio, "que puede hacerse esperar un año". Por todo ello, la Asamblea Feminista Unitaria exige a la UGR que se cree una Comisión de Investigación transitoria que "resuelva con premura los supuestos casos de abusos dentro de la universidad" y que a "corto o medio plazo se apruebe un protocolo que asegure la protección y el apoyo total hacia las víctimas". Abogan a su vez por crear un registro anual con datos estadísticos e instan a la Universidad a denunciar públicamente estos casos.