El locuaz diputado del Partido Popular por Almería tampoco tenía pruebas esta vez, pero sería la primera vez que las tuviera para sostener una de esas acusaciones de trazo grueso que jalonan su carrera política, hoy en horas bajas tras haber apeado de las listas al Congreso y relegado a esa segunda división parlamentaria que es el Senado.

Ayer, en declaraciones a la prensa en Almería, Rafael Hernando aludió al exdirector general de Memoria Democrática en el Gobierno de Pedro Sánchez como "un señor que ha utilizado la Memoria Histórica para llevarse el dinero a su bolsillo". Hernando no citó explícitamente el nombre de Fernando Martínez, pero no hacía falta.

La acusación

Era obvio que se refería al ya exdirector general, exalcalde de Almería, catedrático de Historia Contemporánea, coordinador del Mapa de Fosas de Andalucía, investigador de referencia sobre la incautación de bienes a familias republicanas tras la Guerra Civil y persona de intachable trayectoria personal y política.

Rafael Hernando dijo que Fernando Martínez había utilizado su cercanía al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para captar “80.000 euros para dos estudios en la Universidad de Almería cuyos resultados no hemos conocido ni se han difundido".

En una nueva escalada de incontinencia verbal, el futuro senador popular calificó la supuesta conducta de Martínez de “estafa y engaño” al haber puesto esos fondos públicos al servicio de sus “intereses particulares”, dado que "no sirvieron no para recuperar la memoria de nadie" ni para "buscar a nadie no sé en qué cunetas", sino para que Martínez "se llevara el dinero".

La querella

Unas horas después de que Hernando profiriera la acusación implícita de malversación de fondos y apropiación indebida, el aludido Fernando Martínez anunciaba la interposición de una querella criminal contra el político del PP por lo que considera una “auténtica patraña”. O se retracta de lo dicho o habrá de vérselas ante la justicia, advirtió Martínez: "Tengo mucho respeto a todo el mundo, pero esto no lo voy a consentir".

El historiador explicó, además, cómo fue el proceso de concesión de las ayudas a las que hacía referencia Hernando. El grupo de investigación que él coordinaba en la Universidad de Almería concurrió entre 2008 y 2011 a concursos públicos convocados por el Ministerio de Presidencia para investigar temas relacionados con la represión franquista.

Las pruebas

Los investigadores de la Universidad de Almería lograron algo más 60.000 euros para dos proyectos en los que participaron varias universidades andaluzas y que más tarde serían publicados con los títulos de 'La masonería en Andalucía y la represión durante el Franquismo' y 'El botín de guerra en Andalucía: cultura represiva y víctimas de la Ley de Responsabildiades Políticas, 1936-1945', en el sello Biblioteca Nueva, y 'Los andaluces en el exilio del 39', editado por el Centro de Estudios Andaluces.

Incluso Rafael Hernando sería capaz de confirmar que, en efecto, los tres volúmenes fueron publicados y existen, aunque el eximio provocador y extravagante diputado no hubiera tenido hasta ahora noticia de ellos.

Los antecedentes

No es la primera vez que Hernando se las ve con los tribunales por exabruptos relacionados con la memoria histórica. El caso más conocido acabó archivándolo el Tribunal Supremo en junio de 2014, a considerar que a Hernando lo amparaba la libertad de expresión cuando dijo, en noviembre de 2013, en una televisión que familiares de víctimas del franquismo solo se acordaban de sus padres desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura cuando había subvenciones.

Hernando se defendió diciendo que la denuncia se basaba en unas palabras que alguien entrecomilló en las redes sociales de forma incorrecta, ya que lo que él dijo únicamente era que "había algunos" que se acordaban de sus antepasados "cuando había subvenciones".

"Todo es una vil manipulación", decía el entonces diputado popular y además, añadía, pronunció sus palabras "en el marco de una tertulia" televisiva.

Las asociaciones memorialistas que lo denunciaron reclamaban a la justicia que lo condenara a acudir como voluntario durante cinco días a la exhumación de una fosa y a abonar de su bolsillo 1.000 euros para financiar pruebas de ADN de víctimas asesinadas. Para el Supremo, lo dicho por Hernando no contenía “expresión vejatoria” alguna.