El Gobierno andaluz ha asegurado en un comunicado que considera "infundada y poco sostenible" la imputación del actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, que recoge un auto dictado este viernes por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, y ha defendido su gestión.

No detectar intrusos
Rivera ha sido imputado junto a su antecesor en la Dirección General de Trabajo, Juan Márquez. Ambos han ocupado esta responsabilidad durante la actual legislatura y sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso. La magistrada Mercedes Alaya les imputa a ambos en la causa por no haber detectado la presencia de 'intrusos' en el ERE de la empresa Surcolor.

Sorpresa en la Junta
En dicho comunicado, la Junta ha manifestado además su "sorpresa por la imputación del director general de Trabajo cuando los hechos investigados tienen su origen mucho antes de su nombramiento". El Gobierno autonómico ha lamentado que resulte imputado "un responsable político que viene dedicando buena parte de sus esfuerzos desde su nombramiento a esclarecer este caso,  siempre en defensa del interés público".

Poco soistenible
A día de hoy y, sin perjuicio de un análisis más profundo de los hechos que se imputan, la Junta ha considerado "considera poco sostenible y escasamente fundada dicha imputación".

Póliza
Al margen de algunas cuestiones administrativas que se aclararán en su momento, según la administración andaluza, la principal imputación es la de ordenar pagos relativos a una póliza en la que se incluían dos personas que no eran trabajadores de la empresa afectada. 

No tiene responsablidad en el caso
La Junta entiende que Daniel Alberto Rivera Gómez "no tiene la menor responsabilidad en la inclusión en dicho expediente de personas que no tuvieran derecho a ello". Ha añadido que la póliza de referencia fue tramitada cuatro años antes de que fuera nombrado este director general, que firma la resolución para el pago cuando "no había ningún indicio de irregularidad".

No participó
De hecho, ha recordado que fue Daniel Alberto Rivera Gómez "el responsable político que adoptó las primeras decisiones de paralización de pagos en el expediente de Mercasevilla en cuanto surgieron las primeras informaciones de irregularidades, meses después del acto administrativo por el que se le imputa".