La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, parece tener claro que el conflicto del taxi con las empresas de alquiler de vehículos sin conductor (VTC) es asunto del Gobierno central. No es lo que opinan la Generalitat de Cataluña y la Comunidad de Madrid, que tienen posiciones distintas ante el conflicto pero lo asumen como propio.

"Este asunto no puede derivarse a los ayuntamientos ni puede traducirse en 17 regulaciones autonómicas diferentes, perjudicaría al usuario", decía ayer Carazo (PP) tras reunirse con los representantes del sector, que en Andalucía se mantiene en estado de alerta, a la espera de ver cómo evoluciona el conflicto en Madrid después de que la Generalitat de Cataluña cediera a buena parte de las exigencias del taxi, con la consecuencia inmediata de que las VTC decidían dejar de operar en la comunidad.

Cataluña y Madrid

En Madrid el conflicto está enquistado porque el Gobierno de la Comunidad se niega a otorgar a los taxistas los beneficios que estos han logrado arrancar a la Generalitat.

La consejera optó por una posición intermedia, diplomática, manteniendo una oferta genérica de diálogo que no la obliga a nada: su propuesta principal fue la creación de un grupo de trabajo que echará a andar en dos semanas.

También prometió a los representantes de los taxistas que solicitará la reunión urgente del grupo de trabajo dependiente de la Comisión de Directores Generales de Transporte para abordar cómo las comunidades autónomas deben llevar a cabo la regulación de las condiciones de explotación de las licencias de VTC.

Regulación común

El 16 de octubre y el 17 de enero ya se celebraron dos reuniones del grupo de trabajo; la tercera estaba prevista para finales de febrero, una fecha que la consejera propone adelantar.

Marifrán Carazo propugna que haya criterios comunes y ordenados en todo el territorio español para que las diferentes modalidades de servicios de transporte puedan competir gracias a una regulación armónica del sector, velando por la seguridad jurídica en todo el territorio andaluz.

"Respetamos los intereses generales del taxi y de las VTC pero velaremos, sobre todo, por los intereses de los consumidores. No consentiremos que se vulnere el derecho y la libertad de los usuarios, de ahí la necesidad de negociar. El objetivo es que los taxistas tengan herramientas para poder competir con los nuevos servicios de alquiler de vehículos con conductor", afirmaba la consejera.

Las exigencias del taxi

El presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano, aprecia en la consejera "mayor sensibilidad" con el sector del taxi que la del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, también del PP aunque no será el candidato en las elecciones de mayo, y de quien precisaba que "ayudaría si demostrara un poco de menos agresividad con su verborrea respecto al sector" del taxi.

La FAAT) propone a la Consejería de Fomento "un cambio normativo que posibilite el cobro por plaza en cada viaje de taxi contratado por medio de app telemática, siguiendo el modelo de BlaBlaCar", algo que permitiría "mejorar la competitividad" del sector del taxi en Andalucía.

También reclaman modificar por vía de urgencia la ley 2/2003 para permitir la contratación de servicios de taxi a través de aplicaciones telemáticas que permitan fijar un precio anticipado al usuario".

Advertencia del ministro

Mientras, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, avisaba de que las empresas como Uber y Cabify dejarán de operar en las ciudades en que están presentes en cuatro años si antes de este plazo los gobiernos regionales y los ayuntamientos no regulan las VTC en sus territorios.

Ábalos recordó que así lo que establece el Decreto Ley que el Gobierno que, a instancias del propio Ábalos, aprobó en septiembre de 2018, el que habilitó a las comunidades autónomas a regular este nuevo servicio de transporte urbano.