El escrito de archivo tiene 63 páginas y con él la juez María Núñez, atendiendo al criterio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y de las defensas, hace derrumbarse como un castillo de naipes la macrocausa contra altos cargos de agencia autonómica andaluza IDEA impulsada en su día por Mercedes Alaya.

Antecesora de Núñez al frente del Juzgado de Instrucción número 6, Alaya fue la impulsora de otras investigaciones judiciales de alto voltaje político cuyo destino final ha sido en algunos casos el sobreseimiento en fase de instrucción o la absolución de los encausados.

Su investigación más trascendental y, en principio más sólida procesalmente, fue la del caso ERE, pendiente de sentencia tras el juicio oral a una veintena de ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Sobre el caso de los avales de IDEA, la Fiscalía y la acusación popular ejercida por el PP se han pronunciado contra el archivo de la causa dictado por Núñez, el cual recurrirán ante la Audiencia de Sevilla. Por lo demás, la posición procesal del PP choca frontalmente con la petición de archivo solicitada por la Junta de Andalucía, donde este partido gobierna junto a Ciudadanos con el apoyo parlamentario de Vox.

Indicios desvanecidos

Entiende la jueza que, "tal y como sostienen las defensas y los letrados de la Junta, los indicios de la comisión de hechos delictivos que dieron lugar a la incoación de las presentes diligencias previas se han desvanecido uno por uno como consecuencia de las diligencias practicadas en el seno de la instrucción (…) no resultando justificada la perpetración de delito que ha dado motivo a la formación de la causa, de conformidad con el artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones".

Para la instructora, "de las diligencias practicadas hasta ese momento, no se apreciaban indicios de concesiones arbitrarias o meras liberalidades, de delitos de prevaricación o malversación, no siendo objeto de investigación las meras irregularidades administrativas por muy graves que sean".

Además, recuerda la juez, eran los técnicos de las gerencias provinciales quienes examinaban las solicitudes de las empresas y “realizaban una propuesta de concesión" en base a criterios exclusivamente técnicos a los que los políticos daban luz verde sin interferencias.

Carreras truncadas

Los ex altos cargos de la Junta investigados son el exconsejero de Innovación Martín Soler, su exviceconsejero Jesús María Rodríguez, el exsecretario general técnico de la Consejería Juan Francisco Sánchez y el exdirector de IDEA Jacinto Cañete.

Todos ellos vieron truncadas sus carreras políticas y en algún caso sus brillantes trayectorias profesionales a consecuencia de una larguísima instrucción –se inició en enero de 2014– en la que la principal pieza de cargo era un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil según el cual los investigados, responsables de otorgar avales y préstamos a empresas, habrían actuado “de forma arbitraria e irregular (…) con la única finalidad de favorecer a dichas empresas y a determinadas personas".

Par las defensas, en cambio, “cada uno de los expedientes administrativos tramitados para la concesión de las ayudas en forma de avales están amparados por una aplicación recta y en todo caso razonable del derecho", una conclusión compartida por la juez, aunque no por el fiscal.

Criterios técnicos

Cosa bien distinta es que algunas de las empresas, todavía investigadas, que solicitaron avales a IDEA hubieran falseado la documentación presentada, ocultando, por ejemplo, haber sido beneficiarias simultáneamente de ayudas públicas con cargo a la partida 31L de los ERE.

En su escrito de archivo, la juez basa en gran parte su argumentación en el informe pericial encargado por ella misma a la Intervención General de la Junta y cuya principal conclusión era que, "de forma clara, radical y sin lugar a dudas, no existe en toda la tramitación de los expedientes de concesión decisiones groseras, arbitrarias, que pueda justificar la continuación de esta investigación, dirigida contra los concedentes por prevaricación y malversación".