Fue, junto al de los ERE, uno de los casos judiciales que dio más juego político e hizo más ruido periodístico, pero al final ha quedado prácticamente en nada porque la inmensa mayoría de los procesados han sido absueltos y quienes han resultado condenados lo han sido con penas de escasa relevancia.
Tras siete años de tenaz instrucción por la juez Mercedes Alaya, a raíz de una denuncia del Partido Popular cuando Juan Ignacio Zoido era su portavoz en el Ayuntamiento de la capital hispalense, la Audiencia de Sevilla solo ha condenado a dos años de cárcel al ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, por malversación y ha absuelto a los 13 restantes procesados.
La Fiscalía pedía para él 24 años de cárcel. Mellet tendrá que devolver los 16.000 euros de una beca concedida a la hija del presidente de la Asociación de Mayoristas.
En esta pieza cuya sentencia se ha conocido hoy, el fiscal culpaba a Mellet de haber causado a Mercasevilla un perjuicio de 449.164 euros, en gestiones como un contrato con la consultora Hermes Consulting o las prejubilaciones del ERE de 2007.
Más absoluciones
Otra de las piezas del caso Mercasevilla, relativa a una adjudicación supuestamente fraudulenta de terrenos, ya fue sentenciada en junio de 2017 y también se saldó con una cascada de absoluciones, entre ellas la del ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos y de otros nueve acusados de haber amañado el concurso público para la venta de dichos suelos.
Rodrigo Torrijos difundió tras su absolución un comunicado en el que lamentaba que el fallo hubiera llegado tan tarde: "Tras ocho años de soportar calumnias de todo tipo, acusaciones infundadas y un feroz juicio paralelo que han ocasionado un daño irreparable a mi persona, los tribunales me dan la razón y confirman lo que he expuesto, de manera firme y clara, antes y durante la instrucción y las sesiones del juicio: que no tuve nada que ver con ningún supuesto amaño de aquel concurso público ni con venta fraudulenta alguna", recalca.
Más patinazos
Otro de los patinazos judiciales de Alaya fue el caso de los cursos de formación, donde la instructora creyó ver indicios de una conspiración de alcance autonómico para otorgar fraudulentamente ayudas a personas o empresas cercanas al PSOE. Los sucesivos juzgados andaluces que acabaron la instrucción iniciada por Alaya fueron archivando sucesivamente las investigaciones.
Igualmente, el pasado 13 de marzo una juez de Sevilla archivaba por segunda vez la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. El primer sobreseimiento provisional había sido recurrido ante la Audiencia de Sevilla, cuya Sección Séptima ordenó seguir investigando en un auto del que fue ponente Mercedes Alaya.
Este segundo auto de archivo de la juez de Instrucción 3 de Sevilla era una bofetada sin mano a la ponente que había exigido que se siguiera investigando porque veía claros indicios de delitos: “A nadie se le escapa –escribía– que resulta difícil sostener la figura de la prevaricación, que exigiría afirmar que las personas denunciadas, actuando de común acuerdo, resolvieron injustamente a sabiendas sin que se haya podido poner de manifiesto cuál fuera el móvil de dicha actuación", es decir, habría que acreditar que los políticos y funcionarios que participaron colegiadamente en el proceso de adjudicación de la mina “se concertaron entre sí para producir un resultado previamente predeterminado mediante la infracción de las normas que regían el procedimiento”.
