La contumaz campaña de difamación de medios conservadores andaluces contra la juez María Núñez Bolaños, heredera de las macrocausas iniciadas por Mercedes Alaya, tendrá dificultades para encajar en su estrategia del barro la nueva pieza del inmenso puzle político-judicial andaluz.

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía respalda el archivo de la macrocausa de los avales de la agencia IDEA a empresas andaluzas, que ahora investiga Núñez y que Alaya comenzó a instruir en 2014. El caso parece llevar el mismo camino de quedarse en un bluf que llevaron otras causas ‘hermanas’ e igualmente escandalosas como los cursos formación, Mercasevilla o Aznalcóllar.

Petición de archivo

La posición procesal del Gabinete Jurídico ha sido adelantada hoy por el Diario de Sevilla en una información firmada por su redactor de tribunales Jorge Muñoz, que recuerda que varios ex altos cargos de la Junta ya habían pedido semanas atrás ese archivo al que ahora se suma el Gabinete Jurídico, el mismo, por cierto, que en su día pidió el sobreseimiento de la pieza política de los ERE –que ha sentado en el banquillo a dos expresidentes y una veintena de políticos de la Junta– o el archivo de la macrocausa de los cursos de formación o del caso Aznalcóllar.

La decisión del Gabinete Jurídico, que por extensión es la oficial del Gobierno andaluz, deja al Partido Popular en una posición procesalmente embarazosa, ya que ha venido ejerciendo en términos singularmente agresivos una acusación particular de la que se distancia ahora el Gobierno de Juanma Moreno, presidente al mismo tiempo de la Junta que exculpa y del partido que acusa.

Las sospechas

Según recoge la información de Diario de Sevilla, la Junta argumenta que, “después de todas las pruebas practicadas en la instrucción, no existen indicios de delito para continuar las actuaciones”, si bien en el escrito dirigido a la juez Núñez los letrados autonómicos solicitan abrir una serie de diligencias para esclarecer si empresas que recibieron préstamos o avales de Junta cometieron fraude, aun cuando no lo hubieran hecho quienes se los otorgaron.

Las defensas de ex altos cargos como el exconsejero Martín Soler o el exdirector de IDEA Jacinto Cañete siempre consideraron que en el caso avales no había caso, pues tras “innumerables diligencias probatorias” habría quedado demostrado que las sospechas eran “injustificadas y perfectamente intrascendentes”.

Las similitudes

La estrategia acusatoria de Mercedes Alaya en este caso guardó significativas similitudes con la desarrollada en otras causas que en su día también hicieron mucho ruido en los telediarios y en los Parlamentos para luego quedar en nada en los tribunales, bien fuera porque fueron archivadas –caso de los cursos de formación– bien porque los políticos procesados fueron absueltos –caso Mercasevilla–.

En una entrevista al diario ABC de Sevilla, la juez Mercedes Alaya atribuyó el sobreseimiento de la macrocausa de la formación a un pacto secreto entre el PP y el PSOE, que habrían acordado apartarla “por miedo a que investigara, ya que lo que estábamos viendo era sumamente grave”.

El caso del concurso para explotación de la mina de Aznalcóllar no fue instruido por Alaya, pero ella fue la ponente de dos autos de la Audiencia de Sevilla que rechazaban el sobreseimiento y obligaban a la juez instructora Fernández Palacios a seguir investigando lo que Alaya entendía como “indicios de ilegalidades severas y arbitrarias”. En el auto de archivo de la causa, la instructora remachaba que, tras numerosas diligencias, “no se podía “extraer sospecha o indicio de contubernio entre los miembros de la mesa del concurso o de la comisión técnica”.

La traca final

Queda por saber en qué queda la pieza política de los ERE, pendiente de dictarse sentencia. El Gabinete Jurídico de la Junta sostuvo que en la gestión del denominado ‘procedimiento específico’ no hubo delito y por eso no acusó a los ex altos cargos, aunque sí ha mantenido la acusación en piezas separadas por la concesión de ayudas concretas que sí habrían sido otorgadas irregularmente.

El PP interpretó la renuncia de la Junta a acusar a los ex altos cargos como una maniobra política que ponía bajo sospecha a los letrados del Gabinete Jurídico, un cuerpo altamente profesionalizado que en todos los casos acostumbra a guiarse por criterios técnicos, no políticos.